Una investigación del ciberactivista Giuseppe Gangi reveló vínculos entre la recién designada procuradora general de Venezuela, Arianny Viviana Seijo Noguera, y una empresa de criptomonedas autorizada por el régimen para operar en el país, lo cual supondría un conflicto de intereses entre su rol en el Estado y sus negocios personales.
Gangi mostró documentos públicos del Reino Unido que conectan directamente a Seijo con la compañía Crixto, una de las pocas plataformas habilitadas por el régimen para el intercambio de criptoactivos.
El activista explicó que, al revisar registros mercantiles británicos, encontró que Seijo figura como directora y accionista mayoritaria de Crixto Limited, una empresa registrada en Londres el 16 de agosto de 2019. En el documento oficial, Seijo aparece como titular de “75% o más de las acciones de la compañía”.
El hallazgo llamó su atención porque el nombre Crixto coincide con el de la plataforma de criptomonedas autorizada en Venezuela por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en 2024.
Al comparar ambos nombres, investigó el dominio cryxto.com y encontró que fue creado también en 2019, el mismo año en que Seijo registró la empresa en Reino Unido. Al profundizar en la investigación, Gangi encontró documentos internos del sitio web que contenían referencias directas a la compañía británica.
Uno de estos documentos, titulado «Términos de uso», indicaba que “Crixto se refiere a la empresa Crixto Ltd incorporada en Inglaterra y Gales con el número de empresa 12160666 y con domicilio en 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London”, coincidiendo exactamente con el registro mercantil de la empresa creada por Seijo.
El activista afirmó que esto demuestra una relación directa entre la procuradora y la plataforma autorizada por el Estado para operar en el mercado de criptomonedas.
Gangi destacó que resguardó evidencia verificable, incluyendo copias archivadas en Internet Archive, ante la posibilidad de que los documentos fueran eliminados tras hacerse pública la denuncia.
La conexión entre Seijo y Crixto podría representar un conflicto de intereses, ya que la procuradora es ahora responsable de defender los intereses patrimoniales del Estado mientras tiene participación directa en una empresa beneficiada por autorizaciones oficiales en un sector marcado por escándalos recientes.
Una designación polémica
La investigación surge pocos días después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, designara a Seijo como procuradora general en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza. La propuesta fue presentada por Delcy Rodríguez y aprobada por mayoría parlamentaria.
Seijo es abogada de la Universidad Central de Venezuela, con experiencia en el sector público y privado, y posee estudios de posgrado en el extranjero, incluyendo un doctorado en leyes en el Reino Unido. Antes de su designación se desempeñaba como consultora jurídica de PDVSA.
Sin embargo, semanas atrás el nombre de ya Arianny Seijo Noguera ya había sido noticia luego de que se descubriera su rol en la elaboración del proyecto de Ley de Amnistía.
el ciberactivista Giuseppe Gangi detectó que el documento del proyecto de Ley de Amnistía fue creado el 6 de febrero a las 6:43 p.m., un día después de que la Asamblea Nacional lo aprobara en primera discusión el 5 de febrero.
Los metadatos del archivo identificaban a Seijo como autora, aunque ella no era diputada ni trabajaba para el Poder Legislativo.
