Entre enero y julio de 2023, un equipo de reporteros investigó el delito de la extorsión en la frontera binacional del estado Apure, Venezuela con Arauca, Colombia y logró cuantificar los ingresos estimados por el “impuesto de guerra” en Colombia, las “colaboraciones” y la “vacuna” en Venezuela, que obtienen los grupos armados irregulares colombianos, así como por la “matraca” que perciben funcionarios militares y civiles venezolanos.
La extorsión de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) así como de funcionarios militares y civiles venezolanos se ha convertido en el negocio más lucrativo y naturalizado en la frontera colombo-venezolana de El Amparo-Arauca, publica Periodismo de Frontera en su página web.
La renta de los irregulares se traduce en, al menos, 51 millones de dólares al año solamente en cuatro sectores productivos: ganadería, producción agrícola de arroz, empresas contratistas del Estado y sector comercio. En estas áreas se tuvo acceso a datos oficiales, extraoficiales y testimonios que permitieron hacer los cálculos estimados. En todos los casos fue posible obtener detalles de cómo se ejecuta este delito.
El sector más perjudicado por esta economía ilegal es el ganadero a ambos lados del río Arauca, que atraviesa esta frontera colombo-venezolana. Hasta los primeros cinco meses de 2022, los ganaderos del municipio José Antonio Páez, de Apure, eran los más perjudicados; los extorsionaba el ELN, las disidencias FARC, la guerrilla venezolana Fuerzas Armadas de Liberación (FBL) e, incluso, los propios efectivos militares y funcionarios civiles venezolanos.
Para este trabajo se hicieron 60 entrevistas (25 en Arauca y 35 entre Guasdualito y El Amparo), entre víctimas, testigos y especialistas, quienes por razones de seguridad exigieron no revelar sus identidades.
Como resultado, no solo se pudo establecer un estimado de cuánto ingreso obtienen los grupos irregulares con esta práctica criminal, sino que se pudo confirmar que la extorsión es el delito más lucrativo en la zona por su frecuencia y facilidad -a diferencia del secuestro, por ejemplo-, lo que a su vez ha incidido en la naturalización de su ejecución en estas ciudades fronterizas. También muestra la dimensión e impacto de la economía ilícita extorsiva en una frontera poco conocida como la de Apure-Arauca, quiénes son sus actores y cuáles son los métodos que aplican.
La recolección de información para esta investigación incluyó, además, la revisión de documentos en línea, el monitoreo a los pasos de transporte fluvial de personas y mercancía que conectan a Venezuela con Colombia, identificados como “Don Elías”, “Los Indios” y “Costa del Caño”, ubicados en el margen venezolano del río Arauca (población de El Amparo), así como de las alcabalas venezolanas denominadas “Y de Dayco”, “Totumito”, “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, ubicadas en un tramo de 100 kilómetros conocido como “la ruta extorsiva”, que corresponde a la carretera Troncal 19 -de más de 400 kilómetros de extensión-, cuyos hallazgos serán presentados en la segunda entrega de este proyecto transfronterizo.
En los últimos 100 kilómetros de los 450 de la carretera nacional Troncal 19 que conecta a San Fernando, la capital de Apure con El Amparo, último pueblo de Venezuela antes de cruzar la frontera, se encuentran las cuatro alcabalas o PAC con mayor incidencia de extorsión, por eso, a ese tramo de la vía ubicado dentro del municipio José Antonio Páez, cuya capital es Guasdualito, se le conoce como la “ruta extorsiva”. Esta práctica ilegal genera, puede superar los 100 mil dólares al año.
Cabe destacar que los hallazgos son parte del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR).
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