El régimen de Maduro rechazó que la fiscal argentina Cecilia Incardona y el director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General del país austral, Diego Solernó, dictaminaran que es procedente el pedido de decomiso realizado por EEUU del avión venezolano-iraní retenido desde junio de 2022.
Mediante un comunicado, la administración chavista expresó su rechazo «de manera categórica» a esta decisión sobre el «secuestro de la aeronave», retenida «ilegalmente».
Cuestionó los argumentos de ambos funcionarios argentinos, quienes consideraron un tratado suscrito entre Buenos Aires y Washington en el que, según el dictamen, «se comprometieron a brindarse asistencia mutua», lo que incluye la «cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro».
Asimismo, exigió la «inmediata devolución de la aeronave».
Cabe destacar que en octubre de 2022, la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos) pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.
La justificación del reclamo por parte estadounidense es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EEUU la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
La tripulación, conformada por 5 iraníes y 14 venezolanos, también había sido retenida en junio de 2022 por orden de la Justicia argentina, pero fue liberada posteriormente en tres tandas.
Con información de EFE
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