El régimen de Nicolás Maduro calificó de «agresión sostenida» la autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para negociar con la Asamblea Nacional electa en 2015 o su Comisión Delegada cualquier deuda con PDVSA.
El presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, denunció en un comunicado que las sanciones y decisiones judiciales «han traído como resultado la pérdida de valor de PDVSA y sus filiales en el extranjero, así como la imposibilidad de generar acuerdos que permitan el normal desarrollo del crecimiento de la compañía».
Tellecea acusó en el documentó que «estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano.»
Advirtió que en el contexto de la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU «todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA» y a sus filiales, «es nulo e ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional».
Finalmente la estatal petrolera rechazó y desconoce «la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en Citgo, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano en el caso Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, ventilado ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en los Estados Unidos de América, sin la intervención de los representantes legítimos de la República, o de las entidades Pdvsa, PDVH o Citgo, violando normas básicas de Derecho Internacional y desviando la justicia norteamericana a la satisfacción de intereses económico».
