El número de personas detenidas por razones políticas bajo el régimen chavista se ubica actualmente en 679, según el balance más reciente realizado por la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, lo que refleja la falta de cambios sustanciales en la situación pese a recientes anuncios oficiales.
De acuerdo con el reporte, del total de detenidos 94 son mujeres y 585 hombres. En los últimos 11 días, solo se ha registrado la excarcelación de 10 personas, lo que evidencia un ritmo lento frente a la magnitud del problema.
El informe también detalla la composición de la población afectada: 364 pertenecen a la sociedad civil, 201 son funcionarios activos de cuerpos de seguridad del Estado y 39 exfuncionarios. Además, se contabilizan 42 personas vinculadas a organizaciones políticas, 28 extranjeros, tres sindicalistas, un defensor de derechos humanos y un periodista bajo arresto domiciliario.
Nuestro balance actual de personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela se mantiene en 679 casos, evidenciando que, pese a anuncios oficiales y medidas recientes, no existe un cambio sustancial en la situación. En los últimos 11 días, desde nuestro balance… pic.twitter.com/YqmSnKjK89
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 30, 2026
Asimismo, se advierte que dentro de esta cifra hay 80 casos en los que no se dispone de información oficial sobre el paradero de los detenidos, lo que incrementa la preocupación por posibles situaciones de desaparición forzada. También se identifican 31 venezolanos con doble nacionalidad.
Organizaciones de derechos humanos alertan que las excarcelaciones continúan siendo aisladas y discrecionales, sin responder a una política estructural que garantice el respeto a los derechos fundamentales. A esto se suman casos de personas privadas de libertad en condiciones de salud delicadas, lo que agrava el impacto humanitario.
Más allá de los números, el balance subraya que la detención por motivos políticos sigue siendo utilizada como un mecanismo de control, por lo que reiteran la necesidad de adoptar medidas transparentes y ajustadas a derecho que permitan avanzar hacia una solución real y sostenida.
