La Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap advirtieron sobre el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de vacíos de información pública por plantel, considerando que el área educativa también ha sido afectada tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.
La evaluación documenta graves daños en las infraestructuras escolares, deficiencias en los servicios básicos, el impacto humano en las comunidades educativas tras el fallecimiento de algunos integrantes, y la falta de datos técnicos públicos que garanticen un retorno seguro a las aulas, programado para el 14 de septiembre.
«Presentamos este informe, no para postergar el derecho a la educación, sino para exigir que el retorno a las aulas se haga garantizando de verdad el derecho a la vida y a la integridad de cada estudiante y docente. Iniciamos con una premisa inquebrantable: bajo ninguna circunstancia se puede educar arriesgando la vida de un niño», apuntó Carla Serrano, integrante de la Redhnna y parte del equipo de investigadoras del «Informe situacional sobre afectaciones al derecho a la educación tras el doblete sísmico del 24 de junio de 2026».
El documento recoge información publicada por redes educativas como AVEC y Fe y Alegría, así como reportes periodísticos de diferentes fuentes, entre ellas la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA). Además, incorpora 99 reportes ciudadanos exhaustivos que cubren centros educativos en las áreas más devastadas: La Guaira, Caracas y Miranda.
Según la consulta realizada a comunidades escolares, el 27,3% de los encuestados reporta daños graves —grietas profundas en columnas, caída de techos o colapsos— y el 33,3% señala áreas totalmente clausuradas. «Más de una cuarta parte de los reportes ciudadanos alerta sobre daños graves: vigas y columnas fracturadas, techos caídos o áreas en colapso. Pero lo más alarmante es el 65,7% de reportes que marcan ‘daño leve’. Como defensoras advertimos: una grieta en el friso o la caída de mampostería puede parecer leve a simple vista, pero sin una evaluación técnica independiente de ingenieros nadie puede certificar la estabilidad real del plantel», dijo Gloriana Faría, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica de Cecodap.
El informe también alerta sobre las fallas de servicios en las escuelas: el 56,6% reporta ausencia o fallas graves en internet y telefonía, comprometiendo la comunicación y posibles modalidades a distancia, además de persistir severas deficiencias en agua potable, gas de cocina y transporte.
Aunque el Ministerio de Educación del régimen chavista anunció la rehabilitación de 1.500 colegios, no existe información técnica pública, desagregada ni verificable que confirme si cada plantel está habilitado para su uso. «Sin certificación documentada de seguridad, habitabilidad y funcionamiento de los servicios básicos no se puede promover un regreso a las aulas. No se trata de oponerse al reinicio escolar. Se trata de exigir que el retorno sea seguro, verificable y diferenciado, porque no todas las escuelas ni todas las comunidades están en la misma situación», recalcó el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani.
Tres «no negociables»
Durante la presentación del informe, Noelbis Aguilar, directora nacional del Programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela, enfatizó que el retorno a las aulas exige un compromiso firme con tres condiciones que no admiten negociación: la habitabilidad técnica de los planteles, la dignificación constante del personal docente y la implementación urgente de un enfoque restaurativo para abordar el impacto psicoemocional tras los eventos sísmicos.
Aguilar subrayó la necesidad de contar con un plan transparente de intervención donde las autoridades emitan certificados técnicos de habitabilidad tras reparar las estructuras afectadas. «Para las familias, entregar a sus hijos en un espacio que presenta grietas visibles representa un factor directo de angustia, especialmente en un contexto de réplicas sísmicas constantes», apuntó la vocera.
El educador y cofundador de Cecodap, Fernando Pereira, señaló la necesidad del trabajo restaurativo como un enfoque de protección para las infancias, e insistió en que el reinicio de las actividades no puede abordarse desde la rigidez pedagógica habitual. Pereira abogó por reorganizar las dinámicas escolares para que las primeras semanas se enfoquen en escuchar, validar miedos y ofrecer herramientas de afrontamiento, postergando la presión de la carga académica hasta que el entorno garantice estabilidad y seguridad psicológica.
Recomendaciones urgentes
El informe concluye con 10 recomendaciones, entre ellas prohibir la reapertura presencial en cualquier centro que no cuente con una certificación técnica documentada de habitabilidad y seguridad estructural; publicar evaluaciones técnicas desagregadas por municipio y plantel, priorizando inspecciones e intervenciones inmediatas; implementar un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales para estudiantes, familias y docentes; diseñar un plan de transición y saneamiento para las escuelas utilizadas como refugios temporales o centros de acopio antes del inicio del año escolar; y garantizar alimentación, agua segura y transporte para prevenir el ausentismo y la deserción escolar.
La Redhnna y Cecodap hicieron un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad de garantizar entornos de aprendizaje seguros y dignos, y exigieron que la respuesta del Estado priorice el interés superior de la niñez por encima de calendarios administrativos.
