Colombia continúa siendo el principal país receptor de población venezolana en situación de movilidad. Desde 2015, más de 2,8 millones de personas han cruzado la frontera en busca de protección, empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, los avances logrados en los primeros años en materia de regularización e integración se han reducido progresivamente.
Según la Plataforma Regional de Coordinación R4V de Naciones Unidas, más de 450.000 personas se encuentran actualmente en un limbo jurídico, sin opciones para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo.
Un informe publicado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) advierte que las decisiones recientes del gobierno colombiano, junto con el endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la disminución de la cooperación internacional, han debilitado la respuesta estatal y dejado sin protección a quienes huyen de la crisis venezolana.
El documento señala que la eliminación de la Gerencia de Fronteras y del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) ha interrumpido los procesos de regularización y el acceso al Permiso por Protección Temporal (PPT). Desde entonces, no se han creado mecanismos generales para regularizar a quienes ingresaron a Colombia después de junio de 2023. Figuras como el PEP Tutor o la visa Visitante Especial continúan vigentes, pero con alcance limitado y poca difusión.
El informe también indica que Colombia no ha reconocido como refugiadas a personas que huyen por motivos políticos, incluso tras el aumento de solicitudes posteriores a la elección presidencial venezolana de 2024. Esta omisión afecta a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos, quienes quedan sin mecanismos de protección internacional y en riesgo dentro del país receptor.
La situación se agrava con la caída de los fondos de cooperación internacional y el cierre de programas como USAID en 2025, lo que ha reducido significativamente la asistencia humanitaria y los servicios de atención médica y alimentaria. Según el informe, tres de cada cinco organizaciones que implementaban proyectos humanitarios en Colombia no han podido continuar sus operaciones. Al mismo tiempo, el país enfrenta un nuevo fenómeno de “migración inversa”, con personas retornadas desde Estados Unidos en condiciones precarias y sin documentos.
Ante la falta de políticas efectivas, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido varias sentencias para garantizar derechos básicos a la población migrante. Entre ellas, la SU-543 de 2023 ordena crear una política pública que reduzca los tiempos de espera en las solicitudes de refugio y permita a los solicitantes trabajar y acceder a servicios básicos durante el proceso. No obstante, hasta el momento, no se registran avances significativos en la aplicación de estas medidas.
Ante esta situación, en el informe exhortan al Estado colombiano:
- Reactivar la vigencia del PPT a quienes permanecieron fuera del territorio colombiano por encima del plazo estipulado y que se encuentran en un proceso de migración inversa.
- Diseñar un plan de regularización permanente que evolucione desde el ETPV hacia opciones de residencia definitiva para migrantes y refugiados venezolanos con arraigo en Colombia.
- Eliminar las barreras administrativas mediante campañas de información y asistencia en zonas de alta concentración migratoria.
- Realizar una revisión exhaustiva de la actual Política Integral Migratoria, a fin de dar prioridad a los derechos humanos, la inclusión social y el acceso a servicios básicos.
- Agilizar los procesos de determinación de la condición de refugiado y dar a conocer los tiempos límites para decidir y los criterios de priorización por aplicar, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-543 de 2023.
- Diversificar el financiamiento exterior, estableciendo alianzas con otros países, organismos multilaterales y el sector privado.
- Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y humanitarias con asesoría técnica, financiera y estratégica para asegurar la continuidad de servicios sociales, médicos e integración.
Aquí el informe completo:
