La Organización No Gubernamental Provea, junto a la Fundación Pares de Colombia y CooperAcción de Perú condenaron este viernes como parte del Observatorio para la defensa de la vida – ODEVIDA, Capítulo Venezuela el asesinato de el líder indígena defensor del ambiente y el territorio, coordinador de Guardianes territoriales Uwottujja del municipio Autana, Virgilio Trujillo Arana.
Trujillo fue asesinado el jueves 30 de junio de 2022, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, por luchar contra la minería ilegal y la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona.
El observatorio documentó que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El asesinato de Virgilio Trujillo Arana reafirmó el diagnóstico de la organización internacional Mongabay Latam sobre que “no hay quien proteja a los defensores ambientales de Venezuela”. Por ello, ODEVIDA ratificó que, para superar esta realidad que debilita la labor de defender derechos, en este caso el derecho al ambiente sano y al uso y disfrute del territorio, es necesario que Venezuela, implemente las siguientes medidas:
- Garantizar una pronta y eficaz investigación y reparación, sancionando a los responsables de este asesinato que conmueve a la familia de la víctima y de las comunidades indígenas afectadas por la violencia de actores no estatales que campea en sus territorios ancestrales.
- Garantizar que en el estado Amazonas se cumpla con Decreto 269 del año 1989, que establece la prohibición de toda actividad minera en el estado Amazonas
- La Asamblea Nacional y al Ejecutivo Nacional agilizar la adhesión y ratificación por parte de Venezuela del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú).
Las fuerzas irregulares o actores no estatales responsable de la violencia que afecta a las comunidades indígenas en los estados Bolívar y Amazonas son bandas de delincuentes denominadas «sindicatos» o «pranatos”; garimpeiros ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Disidencias).
