El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), considera necesario que se abra una investigación al ministro de Defensa del régimen de Maduro, Vladimir Padrino López, luego del asesinato del capitán corbeta, Rafael Acosta Arévalo. «No estamos totalmente ante una situación de justicia; la imputación realizada es un avance y reconocemos que se avanza en un camino adecuado como lo planteó la oficina en Caracas de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Si no hay investigación en la cadena de mando no estamos hablando de justicia».
Luego de que el fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informara de la imputación contra dos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por el asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, considera que se debe explicar por qué en la primera imputación se calificó el delito de tortura establecido en la ley para prevenir y sancionar la tortura. «Era evidente que había sido asesinado mediante tortura».
A juicio de Alvarado, es necesario que se conozcan las medidas tomadas con los fiscales que investigaron el caso porque para Provea, en la primera imputación, hubo la intención de garantizar impunidad.
