El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este martes a la Asamblea Nacional chavista (AN) la publicación del baremo oficial que debe regir la selección del nuevo Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, luego de que se difundiera la lista de aspirantes a ambos cargos.
En un mensaje divulgado en X, Provea recordó que en 25 años nunca se ha hecho público un baremo para estos procesos, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano lo exigen.
“Un baremo establece criterios para evaluar candidatos. Sin eso, la selección solo depende de lealtades políticas, no de méritos”, señaló la organización, acompañando su llamado con la etiqueta #BaremoPoderCiudadano.
En 25 años, nunca se ha publicado un baremo para elegir al fiscal general ni al defensor del pueblo de Venezuela.
Un baremo establece criterios para evaluar candidatos. Sin eso, la selección solo depende de lealtades políticas, no de méritos.
Exigimos un #BaremoPoderCiudadano pic.twitter.com/d7wVWkdaTr
— PROVEA (@_Provea) March 17, 2026
La demanda de Provea coincide con el pronunciamiento de Acceso a la Justicia, que advirtió que el Comité de Evaluación de Postulaciones está obligado a publicar el cronograma completo del proceso, los lapsos para presentar objeciones y el baremo con las variables y ponderaciones que se aplicarán a los candidatos.
El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece que estos criterios deben ser públicos para garantizar transparencia, imparcialidad y control ciudadano.
Sin embargo, ambas organizaciones coinciden en que ninguna de las designaciones realizadas en el último cuarto de siglo ha contado con un baremo conocido, lo que ha permitido que la selección dependa de afinidades políticas y no de méritos profesionales.
¿Qué es un baremo y por qué es indispensable?
Un baremo es una herramienta técnica que define los requisitos, la forma de puntuarlos y el peso relativo de cada criterio. Su función es asegurar que la evaluación de los aspirantes se base en méritos, experiencia e idoneidad, y no en preferencias políticas.
“El baremo no solo indica los requisitos, sino también cómo se puntúan y cuáles tienen más peso”, explicó Acceso a la Justicia, recordando que sin este instrumento es imposible verificar si el proceso cumple con los estándares constitucionales.
Para las organizaciones de derechos humanos, esta coyuntura representa una oportunidad para corregir décadas de opacidad. “Es importante cumplir por primera vez con la Constitución y empezar a elegir a los funcionarios por sus méritos e idoneidad, y no por lealtades políticas”, señaló Acceso a la Justicia.
