En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONG venezolana Provea denunció que esta práctica se ha convertido en un mecanismo sistemático de represión y una política de Estado contra la población civil en Venezuela.
El informe especial presentado por la organización documenta 23 casos de desapariciones forzadas ocurridas entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, muchos de ellos vinculados con la ola represiva tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según Provea, la modalidad de estas violaciones ha pasado de ser “selectiva y de corta duración” a convertirse en masiva y de larga duración, profundizando el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
“Lamentablemente, esta práctica tiende a institucionalizarse y se enmarca dentro de una política de Estado de ataques contra la población civil”, alerta el documento.
Patrón de represión y ausencia de garantías
El informe señala que las desapariciones forzadas suelen comenzar con detenciones arbitrarias ejecutadas principalmente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), aunque también participan otros cuerpos como la GNB, PNB y el CICPC.
Familiares y abogados denuncian que al momento de la detención:
- no existe orden judicial,
- se impide conocer el paradero del detenido durante días, semanas o meses,
- se bloquea el acceso a abogados de confianza, imponiendo defensores públicos,
- y no se cumplen los plazos procesales establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal.
Provea alertó además sobre la opacidad deliberada de las instituciones. Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial ofrecen información, llegando incluso a negar la recepción de habeas corpus, lo que agrava la indefensión de las víctimas. Tampoco la Defensoría del Pueblo ha ejercido sus competencias constitucionales para verificar el estado de los detenidos.
Casos documentados
De los 23 casos documentados por Provea, siete corresponden a mujeres –todas madres, una de ellas embarazada al momento de la detención– y al menos cuatro personas continúan desaparecidas después de más de seis meses. Otras permanecen recluidas en centros como la sede de la DGCIM en Boleíta, El Helicoide, El Rodeo I, Yare III y el Retén de Mujeres Las Crisálidas.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran los de Carlos Correa, director de Espacio Público, desaparecido durante nueve días en enero de 2025, y Eduardo Torres, abogado de Provea, detenido en mayo y mantenido incomunicado en El Helicoide.
Política de Estado y crímenes de lesa humanidad
El informe de Provea sostiene que estas prácticas no son hechos aislados sino parte de una estrategia organizada de represión política, lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, constituye evidencia de una política de Estado de ataque contra la población civil que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
La organización recordó que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas ha mostrado alarma por el aumento de estos casos en Venezuela, y advirtió que la impunidad y la complicidad de las instituciones refuerzan la maquinaria represiva.
Provea exigió al Estado venezolano:
- el cese inmediato de la práctica de desapariciones forzadas,
- el cumplimiento de la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos,
- la garantía de acceso a la justicia y a la información sobre las personas detenidas,
- y la liberación de quienes permanecen desaparecidos o arbitrariamente privados de libertad.
“Cada desaparición forzada es una herida abierta que genera angustia permanente en las familias, vulnera el Estado de derecho y expone al país ante la comunidad internacional como un régimen que institucionaliza la represión”, concluye Provea.
