La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmó que la emergencia generada tras el doble terremoto registrado en el país no exime a las autoridades de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos sociales, entre ellos el salario mínimo.
A través de un pronunciamiento publicado en las redes sociales, la ONG sostuvo que, por el contrario, la tragedia ha incrementado la vulnerabilidad de miles de personas que han perdido garantías mínimas para el ejercicio de derechos fundamentales.
Señaló la organización que las personas afectadas enfrentan mayores dificultades para acceder a la alimentación, la salud, el agua potable, la educación, el trabajo, la vivienda, el vestido y los servicios públicos adecuados, y recordó que desde 2022 el salario mínimo de los trabajadores permanece en 130 bolívares mensuales, lo que, según indicó, equivale a unos 0,18 dólares diarios a la tasa oficial vigente, situación que considera ha deteriorado significativamente la capacidad económica de las familias.
La organización también aseguró que el estancamiento de los salarios y las pensiones ha eliminado la capacidad de ahorro de los trabajadores y que, en el contexto de la emergencia ocasionada por los terremotos, esta realidad agrava las dificultades de las familias afectadas.
Instó a las autoridades a «adoptar todas las medidas necesarias y emplear el máximo de los recursos disponibles» para garantizar el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, incluyendo el respeto a las conquistas sociales de los trabajadores y sus familias.
La emergencia surgida tras el doblete sismico no exime a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones con los derechos sociales de la población.
Al contrario, después de la tragedia, miles de personas -especialmente aquellas en condiciones preexistentes de… pic.twitter.com/bNk8gcN4mZ
— PROVEA (@_Provea) July 15, 2026
