La organización de derechos humanos Provea cuestionó este jueves 30 de abril el anuncio de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, sobre el aumento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares mensuales, denunciando que el Ejecutivo mantiene una «opacidad oficial» al no especificar cuánto corresponde a salario real y cuánto a bonificaciones.
«Se mantiene la opacidad oficial. El anuncio sobre el aumento del ingreso mínimo integral a 240 dólares no especifica qué monto corresponde a salario real y cuánto corresponde a bonificación del ingreso», señaló Provea en un mensaje publicado en X.
La organización también recordó que Rodríguez usó el mismo lenguaje que empleó en 2022 cuando calificó de «histórico» el aumento salarial decretado entonces por Nicolás Maduro, anuncio que se produjo días antes de la aprobación del cuestionado Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y del inicio de la política de bonificación del salario que, según Provea, «aún se mantiene».
El salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares desde 2022 —equivalentes a apenas 27 centavos de dólar a la tasa oficial actual—, mientras el régimen ha centrado su política salarial en bonificaciones sin incidencia en prestaciones sociales ni beneficios laborales.
Apertura económica sin derechos
Más allá del debate sobre el monto del ingreso, la organización advirtió que el «nuevo momento político» de Rodríguez, caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos comerciales con Estados Unidos y empresas de distintos países, «parece estar echando a un lado las necesidades de las grandes mayorías, para satisfacer las aspiraciones del tutelaje transnacional».
Provea también alertó sobre el riesgo de que la coyuntura actual derive en «una tecnocracia autoritaria, orientada a satisfacer los intereses económicos transnacionales, ignorando las urgentes demandas ciudadanas y taponeando sutilmente los derechos ciudadanos a la libre expresión y manifestación pacíficas con obstáculos indebidos», citando lo documentado el propio 30 de abril en Caracas, donde la policía sitió el centro de la ciudad para impedir una marcha de trabajadores hacia el palacio presidencial de Miraflores.
Provea instó al Estado venezolano a adoptar medidas urgentes para cerrar «la enorme brecha generada por la desigualdad y el empobrecimiento generalizado de la población», citando los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de la ONU, que establecen que los Estados deben «velar por que todos los trabajadores perciban un salario suficiente que les permita a ellos y a sus familias tener acceso a un nivel de vida adecuado».
La organización también exigió que la reconstrucción de la remuneración de los trabajadores, las convenciones colectivas y las pensiones «sea una prioridad en la agenda oficial», a través del diálogo social y la negociación tripartita, y cerró con una advertencia de fondo: «Ningún proceso de liberalización económica sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia será cónsono con principios básicos de Derechos Humanos. Igualmente, ninguna democracia liberal con libertades ciudadanas es tal, si el modelo económico se impone pasando por encima de los derechos de las personas».
Se mantiene la opacidad oficial.
El anuncio hecho por la presidenta (E) @delcyrodriguezv sobre el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 $ no específica qué monto corresponde a salario real y cuánto corresponde a bonificación del ingreso.
Rodríguez dijo que el aumento del… pic.twitter.com/mwHN1loY6N
— PROVEA (@_Provea) April 30, 2026
