Ante el inicio de la temporada de precipitaciones en Venezuela, Primero Justicia advirtió que gran parte de los daños humanos y materiales asociados a estos eventos pueden evitarse mediante políticas públicas adecuadas y una gestión eficiente del riesgo. La organización política sostuvo que la vulnerabilidad existente en distintas regiones del país requiere medidas urgentes orientadas a la planificación y protección de las comunidades.
La secretaria nacional de Seguridad Ciudadana de la tolda aurinegra, Alicia Figueroa, recordó que la prevención de desastres constituye una obligación establecida en el marco legal venezolano. Señaló que tanto gobernaciones como alcaldías tienen la responsabilidad de desarrollar estrategias que permitan identificar amenazas y reducir los riesgos para la población.
Según explicó, las autoridades regionales y municipales deben ejecutar acciones permanentes para resguardar a los ciudadanos, especialmente durante el período de ondas tropicales, cuando suelen registrarse inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura.
Como parte de sus propuestas, Primero Justicia planteó cuatro líneas de acción prioritarias. La primera contempla fortalecer los mecanismos de prevención mediante controles más estrictos sobre el uso del suelo y la prohibición de construcciones en áreas consideradas de alto riesgo, además del mantenimiento de drenajes y torrenteras.
El segundo eje se centra en la mitigación de amenazas a través de herramientas técnicas y censos actualizados que permitan detectar con anticipación las zonas más vulnerables. La organización también propone impulsar programas de formación ciudadana sobre autoprotección, primeros auxilios y procedimientos de evacuación.
Asimismo, insistió en la necesidad de reactivar y hacer cumplir los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) en los 335 municipios del país para frenar el crecimiento desordenado de las ciudades y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Figueroa destacó además el papel de las comunidades en la reducción de riesgos. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a involucrarse en la elaboración de planes de emergencia, evitar arrojar desechos en ríos y quebradas, promover simulacros y participar activamente en la supervisión de las obras necesarias para proteger sus sectores.
El pronunciamiento estuvo acompañado de un balance elaborado por la organización sobre los efectos de las lluvias registrados desde abril en diversas entidades del país. Entre los estados señalados figuran Mérida, Táchira, Lara, Zulia, Portuguesa, Aragua, Miranda, Sucre, Amazonas, Bolívar, Barinas y Apure.
De acuerdo con el reporte, una de las situaciones más delicadas se presenta en Mérida, donde el incremento del caudal del río Chama amenaza con afectar varias comunidades y servicios básicos. En Táchira, deslizamientos de tierra dejaron incomunicadas a más de un centenar de familias durante las primeras semanas de la temporada.
En Lara también se han registrado daños importantes en la red vial, especialmente en sectores de los municipios Iribarren y Palavecino. Mientras tanto, en Apure continúan las inundaciones en varias comunidades de Guasdualito, y en Barinas se reportan afectaciones en carreteras y el colapso de un puente peatonal que mantiene aislados a productores agrícolas.
La organización igualmente alertó sobre la emergencia decretada en el municipio Alto Orinoco, en Amazonas, tras el desbordamiento del río Orinoco. En Sucre, las lluvias asociadas al paso de una onda tropical ocasionaron fallas eléctricas que agravaron los problemas de servicios públicos en la entidad.
Finalmente, Primero Justicia sostuvo que la recuperación de la infraestructura, los servicios y las condiciones de vida de los venezolanos requiere transformaciones institucionales profundas y reiteró su exigencia de condiciones democráticas que permitan afrontar los desafíos que enfrenta el país.
