La organización política Primero Justicia denunció la profundización del deterioro de los servicios públicos en Venezuela y advirtió sobre una emergencia social y sanitaria derivada, según su análisis, de casi tres décadas de mala gestión, desinversión y corrupción.
El dirigente de la tolda aurinegra, Jorge Millán, señaló que el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la red de acueductos constituye una violación sostenida de derechos fundamentales, con especial impacto en distintas regiones del país.
En el occidente, indicó que los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas, Falcón y Lara enfrentan cortes prolongados de electricidad que pueden superar las 12 horas diarias, debido a su ubicación dentro del esquema de transmisión.
Millán recordó que, pese a evaluaciones técnicas realizadas por empresas internacionales como General Electric y Siemens en instalaciones del Bajo Caroní, el sistema eléctrico requiere inversiones multimillonarias y de largo plazo para su estabilización, mientras gran parte de la capacidad instalada permanece fuera de servicio por el deterioro de las plantas térmicas.
El vocero también afirmó que el vencimiento de la declaratoria de emergencia eléctrica no ha significado mejoras, sino un agravamiento de las fallas, lo que —según dijo— ha derivado en protestas en varias entidades.
En paralelo, la organización reportó una crisis hídrica en el oriente del país, donde el sistema Turimiquire habría quedado paralizado tras un evento sísmico, dejando a más de 200 mil familias sin suministro de agua.
En ese contexto, se denunció que en ciudades como Cumaná algunos habitantes deben pagar altos costos por agua potable, mientras otros recurren a fuentes no aptas para el consumo.
Primero Justicia también cuestionó el manejo de recursos de emergencia asignados por organismos internacionales como la Cruz Roja, la Unión Europea y la ONU, y pidió mayor transparencia en la ejecución de las obras vinculadas al sistema de trasvase.
La organización rechazó además las explicaciones oficiales que atribuyen la crisis a factores externos, y sostuvo que el origen del deterioro responde a decisiones internas de gestión.
Finalmente, el partido planteó incorporar al Colegio de Ingenieros de Venezuela en la búsqueda de soluciones técnicas y reiteró su llamado a una reestructuración institucional como vía para la recuperación de los servicios públicos.
