Una representación nacional y regional del partido Primero Justicia (PJ) acudió a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir la intervención inmediata del organismo ante el deterioro progresivo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su impacto en las condiciones de vida de los venezolanos.
La comisión, integrada por Milagros Valera, presidenta de PJ Miranda; Oswaldo Siano, presidente de la organización en Caracas; y los coordinadores juveniles Andrés García, de Apure, y Elizabeth Castillo, de Mérida, interpuso un petitorio fundamentado en el artículo 281 de la Constitución, que faculta a la Defensoría del Pueblo para velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos colectivos y difusos.
Esta misma exigencia movilizó a las estructuras regionales de Primero Justicia en los estados Yaracuy, Barinas, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Aragua y Zulia.
Solicitan investigación de fondos asignados al SEN
Valera denunció que la inestabilidad en el suministro eléctrico afecta directamente la seguridad ciudadana, la actividad productiva y el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la alimentación. «Acudimos como usuarios y consumidores a exigir que la Defensoría cumpla con su deber constitucional. Asimismo, pedimos que inste al Fiscal General de la República a iniciar las investigaciones correspondientes y ejercer acciones legales contra los funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido el menoscabo de este servicio esencial», aseveró.
La dirigente añadió que, ante los millonarios recursos anunciados para la recuperación del SEN que no se traducen en mejoras, «se presumen irregularidades administrativas que deben ser auditadas e investigadas de forma urgente». Por su parte, Siano indicó que la crisis del servicio ha alcanzado un nivel crítico que afecta incluso a la capital del país, con fluctuaciones y cortes intermitentes de varias horas, en contravención al derecho a una vida digna.
8 horas diarias sin luz en el interior del país
Los voceros del interior del país expusieron la gravedad de la situación en las regiones. García calificó la contingencia como una emergencia humanitaria. «En el estado Apure la luz se va entre 6 y 8 horas diarias. La semana pasada constatamos que en la parroquia Mantecal, del municipio Muñoz, los ciudadanos pasan más de ocho horas continuas a oscuras», enfatizó.
Por su parte, Castillo calificó como inaceptable la frecuencia de las interrupciones en la zona andina. «Vemos con profunda preocupación que en Mérida tengamos que soportar hasta dos cortes eléctricos diarios de cinco a seis horas cada uno. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar un servicio continuo y de calidad», concluyó.
El documento recibido por la dirección de despacho de la Defensoría del Pueblo solicita la activación de los mecanismos constitucionales del defensor del Pueblo para velar por el correcto funcionamiento de la red eléctrica nacional; la exigencia formal a los entes competentes para ejecutar un plan de recuperación y mantenimiento óptimo del SEN; y un exhorto a la Fiscalía General para determinar responsabilidades administrativas y legales sobre los funcionarios encargados de la gestión eléctrica.
