El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) publicó el Informe “(NI) DE AQUÍ Y (NI) DE ALLÁ. Situación de la población colombiana retornada, binacional e indígena transfronteriza”, en el que se analiza, desde una perspectiva de derechos humanos, el retorno de personas colombianas, al igual que ciudadanos binacionales de segunda y tercera generación. Adicionalmente se considera la situación de reasentamiento de personas pertenecientes a pueblos indígenas transfronterizos, del lado colombiano de su territorio.
El estudio destaca que el retorno de personas colombianas procedentes de Venezuela no se corresponde con el flujo típico de quienes regresan a su país de origen de forma voluntaria y planificada, sino que se trata de un retorno forzado por circunstancias adversas, además de campañas estigmatizantes y acciones puntuales de parte del Ejecutivo venezolano, que contempló la expulsión masiva de colombianos en 2015. La mayoría de estas personas había llegado inicialmente al país por el conflicto armado colombiano, la violencia, la falta de oportunidades laborales y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Entre abril de 2013 y agosto de 2015, portavoces del gobierno de Maduro emitieron, en 24 oportunidades, expresiones despectivas en perjuicio de los colombianos.
Hasta fines de 2021, unos 645.000 colombianos habían regresado de Venezuela a Colombia, motivados principalmente, por la crisis económica y social que afecta a toda la población que habita en Venezuela. Sin embargo, en el estudio se presentaron casos de colombianos retornados que no han logrado recuperar sus tierras, ni regresar al lugar donde vivían antes, porque aún persiste el conflicto armado. La mayoría de los retornados manifestó que el Estado colombiano no los ha tomado en cuenta como ciudadanos, los ha dejado en el abandono y a la deriva. Aunado a esto se registraron casos de discriminación a ciudadanos binacionales.
Muchas personas retornadas, nacionales de segunda y tercera generación y personas indígenas transfronterizas, se han visto forzadas a renunciar a su nacionalidad colombiana y optar por un mecanismo de regularización migratoria diseñado para extranjeros, a fin de no mantenerse en condición irregular en su propio país.
Por otra parte, personas originarias del pueblo Wayuu ubicadas del lado venezolano han tenido que desplazarse hasta el lado colombiano en busca de oportunidades que garanticen su subsistencia, siendo vistos como usurpadores o arrimados lo que les dificulta la convivencia o la manutención diaria. A lo anterior se le suman las barreras que encuentran en lo que tiene que ver con documentos de identidad. Muchos manifestaron que prefirieron optar por el Estatuto Temporal de Protección ante los obstáculos que se les presentan, incluso siendo sujetos de especial protección.
El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) de la Plataforma R4V, proyecta que para 2022 habrá unos 980.000 retornados, de los cuales al menos 645.000 tendrán necesidades por satisfacer.
El informe concluye que estas cifras indican la relevancia de adoptar normas, políticas y prácticas acordes al perfil de la población colombiana que está regresando desde Venezuela.
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