El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió la derogación de la Ley del Odio y denunció la continuidad de la persecución contra dirigentes sindicales.
Durante su rueda de prensa semanal, Pedro Eusse, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, cuestionó la propuesta de la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, de reformar este instrumento legal y sostuvo que el partido comunista mantiene su exigencia de que sea eliminado.
«Nuestra posición es que esta ley debe ser derogada o anulada, no reformada», afirmó Eusse, quien señaló que el instrumento ha sido utilizado para «criminalizar la disidencia política», así como las luchas obreras y populares, la opinión política y la acción de trabajadores y dirigentes sindicales en defensa de sus derechos laborales.
Para el dirigente comunista, la legislación contiene disposiciones contrarias a la Constitución y al debido proceso, debido a que «no precisa objetivamente los delitos de odio que dice establecer» y deja «una gran carga de subjetividad a los jueces y a los fiscales para abrir juicios en aplicación de la misma».
También cuestionó que la norma contemple penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión y afirmó que su aplicación ha servido para perseguir a dirigentes políticos, periodistas, líderes sindicales y populares. «Es un instrumento para criminalizar y perseguir», sostuvo.
El PCV planteó además que el Tribunal Supremo de Justicia debería declarar la nulidad de la legislación y dejar sin efecto los procesos judiciales y sentencias dictados con base en ella. «Eso llevaría a que el caso, por ejemplo, del dirigente sindical Jean Mendoza, que es objeto de un acoso judicial por parte de la patronal privada Masisa, ese proceso judicial debería quedar sin efecto», afirmó Eusse.
Con información de PCV
