El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela publicó su nuevo informe «Voces Silenciadas: El Colapso de la Sociedad Civil y el Fracaso de la Disuasión Internacional en Venezuela», en el que alerta sobre la intensificación de la represión en Venezuela entre 2014 y 2025 con más casos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Según el informe, las autoridades venezolanas ampliaron y perfeccionaron un sistema de violencia sistemática que incluye tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
El Panel examinó cifras de documentación desde 2014, registrando un total de 1.634 casos de tortura, la mayoría ocurridos después de que la CPI iniciara formalmente su involucramiento; también registró 116 desapariciones forzadas, de las cuales dos tercios se produjeron mientras el examen preliminar o la investigación de la Corte estaba en curso. En total, se han registrado 18.582 detenciones arbitrarias desde 2014, incluyendo más de 2.200 arrestos en un período de nueve días durante la represión postelectoral del año 2024. Datos combinados del Estado y de la sociedad civil indican además al menos 16.808 presuntas ejecuciones extrajudiciales en la última década.
«Este informe demuestra, con evidencia irrefutable, que la represión en Venezuela no solo persiste: se ha vuelto más estructurado y letal. La ausencia de consecuencias reales ha permitido que los perpetradores actúen con total impunidad. Es urgente que la comunidad internacional asuma que miles de víctimas no pueden esperar más», afirmó Rodrigo Diamanti, Secretario del Panel de Expertos Independientes.
Aunque actualmente se reportan menos casos de forma pública, el Panel advierte que esto no refleja un avance, sino más bien una dramática “desaparición estadística” causada por el colapso de la sociedad civil en Venezuela. “La caída abrupta en el número de denuncias no es una señal de mejora; es el reflejo de un país donde las víctimas ya no tienen a quién acudir y temen hablar ante la ola represiva que enfrentan. El desmantelamiento de la sociedad civil ha generado un silenciamiento forzado que constituye, en sí mismo, una forma de violencia. Por eso es imprescindible actuar ahora: cada día que pasa, más voces son silenciadas”, alertó Joanna Frivet, miembro del panel de expertos.
Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han sido sistemáticamente desmanteladas mediante persecución legal, allanamientos, vigilancia digital, intimidación y exilio forzado. La adopción de la “ley anti-ONG” en el año 2024, junto con la criminalización de la cooperación internacional y amenazas directas a trabajadores humanitarios, ha limitado de manera drástica la capacidad de los grupos independientes para documentar abusos. Como resultado, las víctimas permanecen cada vez más en silencio, a menudo debido a la coerción, el miedo a represalias o la ausencia de organizaciones seguras capaces de recibir sus denuncias.
El Panel identifica 2024 y 2025 como los años más violentos del período analizado, operativos como “Furia Bolivariana” y “Operación Tun-Tun” generaron la mayor ola de detenciones políticas en más de una década. El informe también señala el asesinato de al menos 28 manifestantes en el contexto postelectoral y un aumento alarmante en el uso de tortura, que incluye asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, golpizas severas y aislamiento prolongado. Además, el Panel documenta la extensión de la represión estatal más allá de las fronteras venezolanas, incluyendo ataques e intimidación dirigidos a defensores de derechos humanos venezolanos en países vecinos.
Una conclusión central del informe es que la participación de la CPI no ha disuadido la comisión de crímenes. El Panel sostiene que el Estado venezolano ha utilizado la apariencia de cooperación con la Corte como estrategia para desviar la presión internacional, más que como un paso genuino hacia la rendición de cuentas. En este contexto, el Panel insta a la CPI a fortalecer los mecanismos de responsabilidad penal individual y avanzar en la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios identificados como responsables de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte.
“Los hallazgos del Panel en este nuevo reporte, que examina a profundidad la última década desde 2014, muestran con claridad que el Estado venezolano ha consolidado un sistema de represión estructural y sostenido. Ante esta evidencia alarmante, la única vía real para proteger a las víctimas es avanzar con decisiones firmes respaldadas por un compromiso inequívoco de los Estados Parte para alcanzar la justicia”, advirtió el Presidente del Panel de Expertos, Santiago Cantón.
También solicita una mayor protección para víctimas, testigos y grupos de la sociedad civil que operan bajo severa represión. El panel al publicar el informe “Voces Silenciadas” durante la Asamblea de Estados Parte de la CPI, busca llamar nuevamente la atención sobre una de las situaciones más graves ante el sistema de justicia internacional, instando a los Estados a adoptar respuestas coordinadas y reforzar los esfuerzos para garantizar justicia a miles de víctimas.
Lea el informe completo (en inglés):
