El Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), exhortaron este lunes al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional (CPI), a avanzar con la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al presentar un documento que recopila el testimonio de las víctimas.
«En abril de este año, el Estado interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de aplazamiento de la investigación y como consecuencia, desde abril, la investigación se encuentra suspendida», dijo la coordinadora de investigación de la ONG, Daniella Suárez, en la presentación del informe «24 Testimonios 21 Crímenes de Lesa Humanidad», una recopilación de cinco sesiones de un foro donde las víctimas le hablaron al fiscal Khan.
Cabe destacar que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en abril pasado su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en el país, pese a la solicitud del régimen venezolano.
El Estatuto de Roma, fundacional de la CPI, exige que el fiscal acepte la solicitud de Caracas o que presente una petición a la Corte para que autorice a reanudar la investigación que incluya observaciones de las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en el caso.
La abogada del OVP exhortó a Khan a hacer esta solicitud a la mayor brevedad posible, en caso de que todavía no lo haya hecho.
Asimismo, dijo que las autoridades venezolanas no han hecho investigaciones genuinas, exhaustivas e imparciales sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad, y que la cadena de mando no ha sido involucrada en las pesquisas.
Informe 24 Testimonios 21 Crímenes de Lesa Humanidad
Durante la presentación Humberto Prado, director de OLACP, resaltó que «este informe contiene el lamentable relato de 24 personas cuyos seres queridos fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Incorpora además una presentación realizada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Dr. Luis Almagro».
«Promovemos y luchamos por la unión de todas las víctimas, tanto militares como civiles, por una misma causa de justicia. Todos han padecido los retrasos procesales, la falta de atención, la justicia a destiempo, los maltratos, las torturas, las desapariciones. La clave para lograr una respuesta contundente tiene que ser la unión de todos los familiares de las víctimas de esta barbarie», puntualizó Prado.
Por su parte, Ariana Arellano, hermana de Diego Arellano, dijo: «La muerte de Diego fue el reflejo del dolor físico para mi y mi familia, era el menor de los hermanos (…) Era un ciudadano común, no pertenecía a ningún grupo ni partido político. Diego decidió unirse a la protesta como uno de tantos venezolanos, pero ese día la situación estaba violenta».
«El caso de Diego no es único ni aislado, ellos sabían lo que hacían, la GNB salió a matar por orden del régimen para que la gente se aquietara. Nuestra esperanza es que los organismos internacionales condenen al régimen, que sea la cadena de mando la que pague por ello y sea castigada», finalizó Arellano.
Asimismo, tomó la palabra Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa: «Esto ha sido un pesar porque mi papá lo único que ha hecho es trabajar por el país. Hoy se encuentra en una celda, por eso me uno a las voces de las víctimas porque esta condena nos pega a todos, yo me siento condenada con mi papá. Yo creo que no debemos callar nuestras voces, no podemos seguir obviando la realidad de Venezuela».
Franklin Caldera, padre del teniente Franklin Alfredo Caldera, añadió: «Todos somos presos políticos, tanto familiares como los que están tras las rejas. Mi hijo fue secuestrado por el grupo armado de la DGCIM y llevado al centro de tortura en “La Cueva”, donde logró escaparse a los 12 días. Nos pudo llamar y narrar los hechos, al día siguiente fue secuestrado nuevamente, le dieron un disparo en la pierna izquierda y una puñalada en la derecha».
«Es una realidad, los familiares debemos unirnos, que seamos una sola voz para hacer justicia. Todos hemos ido perdiendo el miedo, todos debemos ser una sola voz para que al Fiscal de la CPI de alguna manera le sigan llegando estos informes», sentenció Caldera.
En tanto, Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, recordó que su hija amaba a sus animales y los deportes. «A mi hija de 24 años le quitó la vida un GNB que le disparó a quemarropa en el rostro. Ya han 8 años de este trágico asesinato, fueron 55 audiencias, 33 meses, 24 funcionarios actuaron en nombre del estado. Solo dos fueron juzgados, a uno de dieron 30 años y al otro 16 años».
Por último, tomó la palabra el abogado Fernando Fernández, quien en primer lugar resaltó que «la pesadilla que viven los familiares de las víctimas, es realmente una tragedia».
De igual manera, además de explicar los aspectos legales del informe, sentenció: «este proceso judicial le da derecho a los Estados a intervenir, a hacer solicitudes, y también a maniobrar. Se trata de una carrera de largo alcance, una especie de maratón judicial que nos hace creer que las cosas no terminan nunca, pero la Justicia siempre llega».
Además de compartir su testimonio, las 24 víctimas entrevistadas para el informe dieron detalles sobre el proceso penal seguido en sus casos. Al respecto, refirieron los continuos diferimientos de audiencias, la falta de imparcialidad del sistema de justicia y la ausencia de juzgamiento a mandos altos de la cadena de mando. Situación que, en su conjunto, desvanece la posibilidad de obtener justicia en Venezuela.
A pesar de las características distintivas de cada una de sus historias, todas las víctimas concuerdan en una misma exigencia: justicia por las violaciones ocurridas e investigaciones genuinas contra la cadena de mando.
Con información de EFE
