El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las mujeres privadas de libertad recluidas en el Retén de Caraballeda, en el estado La Guaira, continúan en condiciones de abandono más de un mes después del terremoto del 24 de junio, pese a que el recinto sufrió daños estructurales y carece de servicios básicos adecuados.
La organización señaló que el sismo, ocurrido a las 6:04 de la tarde, provocó el colapso de parte de la pared trasera del centro de detención preventiva, ubicado en una de las zonas más afectadas por el desastre. Según el OVP, debido a que a esa hora solo permanecían funcionarios de guardia, la respuesta fue limitada y la prioridad de las autoridades fue evacuar a las mujeres hacia la calle frente al recinto.
De acuerdo con el informe, la emergencia estuvo marcada por el colapso del servicio eléctrico, la imposibilidad de acceder rápidamente a la zona y la ausencia de refuerzos policiales. La situación se agravó la noche siguiente, cuando una falsa alerta de tsunami desató el pánico en La Guaira. El OVP indicó que algunos funcionarios abandonaron sus puestos y las más de 40 mujeres evacuadas corrieron para resguardar sus vidas ante el temor de un nuevo desastre.
Tras descartarse la alerta, hombres y mujeres privados de libertad fueron trasladados el 26 de junio a la sede policial de Macuto, que no presentó daños estructurales. Sin embargo, al menos seis mujeres quedaron inicialmente en condición de fugadas. Posteriormente, varias se entregaron voluntariamente en la sede de Macuto y otras en dependencias policiales del interior del país, aunque las autoridades no ofrecieron información oficial sobre lo ocurrido.
El OVP cuestionó que, apenas una semana después del terremoto, más de 25 mujeres fueran devueltas al Retén de Caraballeda, a pesar de que la pared colapsada seguía sin ser reparada, persistían las fallas eléctricas y el centro permanecía sin agua potable.
Durante una inspección realizada días después del sismo, la organización aseguró haber encontrado un recinto prácticamente desolado, sin presencia de funcionarios ni familiares, donde decenas de mujeres permanecían recluidas en condiciones precarias. Según el OVP, las internas pasaron varias semanas sin acceso a agua potable y sobrevivieron compartiendo los pocos alimentos que algunas recibían de sus familiares.
Aunque el suministro de agua comenzó a restablecerse cuatro semanas después del terremoto, las reclusas manifestaron que el líquido presenta altos niveles de turbidez y no es apto para el consumo humano.
La organización también cuestionó que únicamente las mujeres fueran regresadas al Retén de Caraballeda, mientras que los hombres permanecieron en otra sede policial con mejores condiciones de seguridad.
El OVP sostuvo que mantener a las mujeres en un establecimiento afectado por el terremoto, sin acceso adecuado a servicios básicos y en condiciones incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de reclusión, constituye una nueva violación de los derechos humanos. En ese sentido, señaló que la situación contraviene el artículo 46 de la Constitución venezolana, así como las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Finalmente, la organización exigió la intervención inmediata del Retén de Caraballeda y el traslado urgente de las mujeres a instalaciones que garanticen condiciones dignas y seguras. Asimismo, responsabilizó al régimen venezolano por cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas recluidas mientras permanezcan en un recinto que, asegura, no reúne las condiciones mínimas para su funcionamiento.
El terremoto pasó, pero el abandono hace estragos en el Retén de Caraballeda https://t.co/96ppECDLnh
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 31, 2026
