El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar públicamente qué medidas fueron adoptadas para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.
En un comunicado, la organización recordó que las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a desastres naturales, ya que dependen por completo de las autoridades para ser evacuadas y protegidas durante una emergencia.
El OVP cuestionó que, a casi un mes de los sismos y pese a las más de 1.388 réplicas registradas, el régimen no haya informado qué protocolos activó para resguardar a la población penitenciaria ni si los centros de reclusión ubicados en las zonas afectadas fueron evaluados para determinar si continúan siendo seguros.
La organización indicó que recibió información sobre la evacuación de las personas detenidas en la sede de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía del estado La Guaira, en Caraballeda. Sin embargo, señaló que posteriormente 25 mujeres fueron reingresadas al recinto y que se desconoce cuántos hombres permanecían allí y cuál fue su situación tras el procedimiento.
Asimismo, denunció que los familiares de los detenidos no han podido entregar alimentos e insumos básicos a las personas recluidas en ese centro de detención.
En cuanto al Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda, el OVP indicó que familiares denunciaron daños en las hileras B y C, así como en columnas de la infraestructura tras los terremotos.
Según los testimonios recopilados por la organización, los internos permanecían encerrados en sus celdas durante el movimiento telúrico y solo fueron evacuados unos 45 minutos después, luego de pedir auxilio a gritos. Posteriormente, permanecieron varias horas en el patio del penal antes de ser reingresados.
El OVP aseguró que un ingeniero del Ministerio para el Servicio Penitenciario acudió al recinto para realizar una inspección, pero afirmó que hasta la fecha no existe información pública sobre los resultados de esa evaluación.
La organización recordó que los estándares internacionales establecen la necesidad de inspeccionar estructuras como columnas, vigas, losas, muros, cimentaciones e instalaciones eléctricas e hidráulicas después de un terremoto, especialmente en centros de reclusión donde los internos no pueden evacuar por iniciativa propia.
En ese sentido, advirtió que el deterioro acumulado durante años en cárceles y calabozos venezolanos, caracterizado por filtraciones, grietas, falta de mantenimiento y hacinamiento, incrementa la vulnerabilidad de estas instalaciones frente a eventos sísmicos.
El OVP también destacó que países como Chile, México y Colombia cuentan con protocolos específicos de protección civil para los centros penitenciarios, que incluyen planes de contingencia, inspecciones, brigadas capacitadas y simulacros periódicos, mecanismos que —afirmó— no tienen un equivalente público en Venezuela.
Finalmente, la organización instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a informar sobre la situación de todas las personas privadas de libertad en las zonas afectadas por los terremotos y pidió impulsar una reforma del Código Orgánico Penitenciario para incorporar protocolos obligatorios de actuación ante terremotos, incendios y otras emergencias.
Terremotos en #Venezuela ponen en evidencia la ausencia de protocolos para proteger a las personas privadas de libertad https://t.co/v41IpvugGY
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 20, 2026
