Más de un mes después de los hechos ocurridos en el Internado Judicial Yare III, ubicado en el estado Miranda, continúan sin conocerse las conclusiones de las investigaciones anunciadas por las autoridades del régimen sobre el motín registrado el pasado 20 de abril, en el que se reportaron personas privadas de libertad fallecidas y heridas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no ha ofrecido explicaciones sobre las circunstancias en las que varios internos recibieron impactos de bala durante la intervención de los cuerpos de seguridad dentro del recinto.
De acuerdo con testimonios recabados por la organización, la tensión comenzó tras varios días de escasez de alimentos y agua. Los detenidos dependían de los productos enviados por sus familiares para alimentarse, mientras enfrentaban condiciones que califican de precarias dentro del establecimiento.
Según la versión recopilada por el OVP, la noche del 19 de abril un grupo de reclusos del módulo II fue trasladado al patio para participar en una actividad religiosa encabezada por pastores evangélicos. Durante ese lapso, funcionarios del Servicio del Sistema de Máxima Seguridad (Sesmas) realizaron inspecciones en las celdas, situación que generó malestar entre la población penitenciaria.
Posteriormente, los internos comenzaron una protesta para exigir mejoras en la alimentación, acceso regular al agua, atención por parte de las autoridades del penal y traslados a otros centros de reclusión. La manifestación también se extendió al módulo III.
La ONG sostiene que la respuesta de los organismos de seguridad incluyó el ingreso de efectivos del Sesmas y del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), quienes habrían empleado perdigones y municiones durante el operativo. Además, algunos testimonios señalan que un helicóptero fue utilizado en medio de la intervención.
Entre los casos mencionados figura el de Erkin Josué Ramos Flores, identificado por el Ministerio Público como una de las víctimas mortales. Testigos consultados por la organización afirman que recibió un impacto de bala durante los acontecimientos.
Las declaraciones recogidas también describen agresiones físicas contra los privados de libertad, quienes habrían intentado resguardarse en sus celdas mientras se desarrollaba el operativo. Los hechos se prolongaron hasta la madrugada del día siguiente y derivaron en la suspensión de las visitas.
La falta de información oficial generó preocupación entre familiares de los reclusos, quienes realizaron protestas para exigir respuestas sobre el estado y ubicación de sus allegados. El OVP asegura que incluso dos semanas después todavía existían casos de personas que desconocían el paradero de sus familiares trasladados a otros recintos.
La organización reiteró su petición de investigar la actuación de funcionarios presuntamente involucrados y solicitó la destitución del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, al considerar que no ha garantizado el respeto de los derechos fundamentales de la población penitenciaria.
Asimismo, cuestionó el traslado de aproximadamente 600 internos tras los sucesos, medida que, a su juicio, dificultó el acceso a testigos y personas lesionadas.
El observatorio también denunció que en Yare III persisten problemas relacionados con la calidad de los alimentos, el acceso al agua potable y presuntos tratos crueles. Según las denuncias recibidas, los reclusos consumen agua almacenada en recipientes y enfrentan condiciones sanitarias deficientes.
Finalmente, la organización exhortó al Ministerio Público a informar sobre el avance de las averiguaciones y aclarar las circunstancias en las que varios internos resultaron heridos por armas de fuego. Igualmente, pidió a la Defensoría del Pueblo evaluar las denuncias sobre torturas y condiciones inhumanas dentro del centro penitenciario.
El OVP indicó que continúa documentando lo ocurrido en Yare III y que ha llevado el caso ante instancias internacionales.
