El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) manifestó este jueves su preocupación por el traslado de presos políticos desde El Helicoide hacia distintos recintos penitenciarios del país, al considerar que estas reubicaciones no representan una mejora en sus condiciones de detención y podrían exponerlos a nuevas vulneraciones de derechos humanos.
A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la organización señaló que el cambio de centro de reclusión no implica el cese de los abusos denunciados durante años. Por el contrario, afirmó que la incertidumbre crece debido a reportes extraoficiales que ubican a los detenidos en establecimientos penitenciarios con antecedentes de graves deficiencias.
Entre los lugares mencionados figuran Hombre Nuevo Libertador, Hombre Nuevo Simón Bolívar (antigua La Planta), Tocuyito, Yare, La Crisálida y El Rodeo. De acuerdo con el OVP, estos centros han sido objeto de reiteradas denuncias por hacinamiento, escasez de agua potable, limitada atención sanitaria, propagación de enfermedades y condiciones de reclusión incompatibles con los estándares mínimos de dignidad humana.
La ONG también cuestionó la falta de información oficial sobre el operativo. Indicó que los movimientos se habrían realizado sin previo aviso a los familiares y que hasta ahora las autoridades no han publicado una lista que permita conocer quiénes fueron trasladados, dónde permanecen recluidos ni cuál es su estado actual.
“La angustia de las familias no es infundada”, advirtió la organización, al recordar que recientemente ha documentado fallecimientos de personas bajo custodia estatal asociados a la falta de atención médica oportuna y al deterioro de las condiciones carcelarias.
La denuncia surge luego de que familiares de presos políticos comenzaran a exigir explicaciones sobre el paradero de sus allegados tras conocerse el traslado de al menos 25 detenidos que se encontraban en El Helicoide. Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas han alertado sobre la opacidad que rodea el procedimiento.
Por su parte, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó que los reclusos fueron distribuidos en varias cárceles del país, entre ellas El Rodeo, Yare, Tocuyito y La Planta, situación que incrementó la preocupación entre familiares y defensores de derechos fundamentales.
Ante este escenario, el OVP exigió a las autoridades del régimen informar de manera inmediata el destino de cada una de las personas trasladadas, garantizar la comunicación con sus seres queridos y ofrecer datos verificables sobre sus condiciones de reclusión.
Asimismo, la organización instó a la defensora del pueblo, Eglee González Lobato, a ejercer las competencias establecidas en la Constitución y asumir un papel más activo frente a las denuncias. En ese sentido, criticó lo que calificó como un “silencio institucional” ante una situación que afecta a decenas de detenidos y sus familias.
El observatorio sostuvo que no son suficientes las visitas oficiales a los centros penitenciarios si estas se realizan bajo supervisión de las mismas autoridades responsables del sistema carcelario. Por ello, pidió inspecciones independientes que permitan verificar de forma objetiva las condiciones reales de detención.
Finalmente, recordó que los artículos 280 y 281 de la Constitución establecen que la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de promover, proteger y supervisar el respeto de los derechos humanos, especialmente frente a denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos inhumanos dentro de los centros de reclusión.
Trasladar a las personas privadas de libertad de El Helicoide no significa que hayan cesado las violaciones de derechos humanos.
Por el contrario, la preocupación aumenta cuando comienzan a surgir informaciones extraoficiales que apuntan a traslados hacia centros penitenciarios… pic.twitter.com/Plytme0wyw
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 4, 2026
