Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil presentaron este 6 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un balance sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, durante una audiencia del 196.º período de sesiones del organismo celebrada en Washington.
La exposición fue realizada por la plataforma Justicia y Verdad, integrada por una veintena de organizaciones, que denunció la persistencia de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos desde los hechos del 3 de enero, incluyendo persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades fundamentales y el agravamiento de la crisis humanitaria tras los terremotos del 24 de junio.
La directora de Cepaz, Beatriz Borges, presentó el «Termómetro de Justicia y Verdad», una herramienta elaborada por 20 organizaciones para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y medir el avance hacia una transición democrática en el país.
Durante la audiencia, Meudy Osío, viuda del concejal Fernando Albán, denunció que continúa la impunidad por la muerte de su esposo bajo custodia del Sebin en 2018 y recordó que al menos 18 personas han fallecido mientras permanecían detenidas en Venezuela.
«Lo que ocurrió con Fernando no es un caso aislado. Es parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad», afirmó.
Asimismo, se informó que el caso de Albán fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su conocimiento.
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Sofía Macher, sostuvo que el país atraviesa «un momento de cambios políticos» que puede generar oportunidades, pero también nuevos riesgos para los derechos humanos. Agregó que las violaciones documentadas responden a problemas estructurales, como la falta de independencia judicial, las restricciones al espacio cívico y la ausencia de mecanismos efectivos de control.
Por su parte, la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, advirtió que las liberaciones parciales de presos políticos no significan el fin de la represión y alertó sobre el deterioro de las condiciones en los centros de detención.
En la misma línea, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que aunque alrededor de 800 presos políticos han sido excarcelados desde enero de 2026, «el aparato represivo continúa, con menos intensidad, pero sigue allí».
El director de Aula Abierta, David Gómez Gamboa, denunció que la arquitectura legal que sustenta la represión permanece vigente y señaló como ejemplos los bloqueos a medios de comunicación, la crisis eléctrica en las regiones y la asfixia presupuestaria contra las universidades.
La representante de Ideas por la Democracia, Deborah Van Berkel, sostuvo que la justicia y el Estado de derecho son esenciales para la reinstitucionalización del país y destacó el papel de la cooperación internacional y de la sociedad civil en ese proceso.
En nombre de la plataforma Justicia y Verdad, Faisal Yamil presentó tres exigencias al régimen venezolano: la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos, la derogación del marco normativo que restringe el espacio cívico y la apertura efectiva a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
La respuesta de la CIDH
La relatora para Venezuela de la CIDH, Gloria De Mees, afirmó que la información presentada por las organizaciones evidencia que «muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas» y cuestionó los avances anunciados por las autoridades venezolanas.
«¿Qué ha cambiado? Los derechos humanos no pueden medirse por anuncios, sino por resultados», expresó.
Además, consideró difícil hablar de transición o diálogo mientras el régimen venezolano continúe ausente de los espacios del sistema interamericano y sin cumplir las decisiones y medidas de protección emitidas por ese organismo.
Durante la audiencia, otros comisionados también manifestaron preocupación por la transparencia del plan de reconstrucción tras los terremotos, la situación de los derechos económicos y sociales, la protección de niños y personas con discapacidad, la atención a la salud materna y reproductiva, así como por las restricciones a la libertad de expresión y el funcionamiento de las instituciones democráticas en Venezuela.
