La experta miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, María Eloísa Quintero, denunció que los colectivos civiles armados progubernamentales han ejercido violencia y funciones de autoridad pública «con distintos niveles de apoyo, coordinación o aquiescencia estatal», durante una rueda de prensa en Ginebra.
Quintero explicó que la misión ha investigado durante años la actuación de estos grupos y sus vínculos con las autoridades, precisando que no todos responden a los mismos intereses ni tienen la misma estructura o presencia territorial. Señaló que el informe actual desarrolla las distintas tipologías de colectivos, con especial atención en los grupos civiles armados progubernamentales.
La experta afirmó que el papel de estos grupos armados va «mucho más allá» de intervenir como grupos de choque durante manifestaciones. Precisó que la misión tiene motivos razonables para creer que han apoyado la represión mediante tareas de vigilancia e identificación de personas consideradas opositoras, así como mediante su participación en protestas, operativos de seguridad y acciones de represión política selectiva, frecuentemente en coordinación con fuerzas estatales, además de participar en el control de economías ilícitas.
Quintero explicó que la presencia cotidiana de estos colectivos en las comunidades les ha permitido ejercer otras formas de control, ya que en determinados lugares participan en la gestión o distribución de alimentos, combustibles, servicios y beneficios sociales, vigilan la actividad política y median en conflictos a través de la coacción. Advirtió que, para un residente, expresar una crítica puede tener consecuencias no solo para su seguridad, sino también en el acceso a recursos esenciales, lo que genera «un clima de terror y de autocensura» que restringe las libertades.
Vínculos con el Estado
La experta identificó varias formas de vinculación entre los colectivos y el Estado: el respaldo público de altas autoridades, el acceso a recursos, equipamiento y financiamiento, la incorporación de miembros de colectivos a instituciones públicas y cuerpos de seguridad, la presencia de funcionarios o exfuncionarios en estos grupos, y la delegación expresa o implícita de funciones relacionadas con el orden público y el control territorial. Sostuvo que la falta de investigaciones y sanciones ha permitido que estas relaciones persistan.
En materia de responsabilidad, Quintero precisó que la misión encontró motivos razonables para creer que determinadas conductas de integrantes de colectivos son atribuibles al régimen chavista, por ejemplo cuando actuaron bajo dirección o control estatal, o en su condición formal de miembros de órganos del Estado. Aclaró, sin embargo, que no se concluye que todos los colectivos sean órganos estatales. «Con independencia de la atribución de un acto concreto, el Estado tiene la obligación de prevenir los abusos de estos grupos, de investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. El Estado no puede eludir su responsabilidad externalizando la violencia a actores nominalmente civiles», afirmó.
Quintero sostuvo que el informe muestra por qué una reforma de las instituciones formales, por sí sola, no bastaría para poner fin a estas prácticas. La misión recomendó cesar el apoyo estatal a los colectivos armados, recuperar el control legítimo sobre el uso de la fuerza y las armas, dejar de delegar funciones coercitivas a estructuras civiles, y emprender un proceso progresivo, pacífico y basado en los derechos humanos para su desarme, desmovilización y desmantelamiento. La experta insistió en que es indispensable investigar tanto los abusos cometidos por integrantes de estos grupos como la participación o aquiescencia de funcionarios públicos.
Misión de la ONU denuncia que colectivos armados actúan con "coordinación y aquiescencia estatal" https://t.co/B2bneuv3q8 pic.twitter.com/W6b6aYCVgX
— Monitoreamos (@monitoreamos) September 18, 2026
