Un grupo de organizaciones y defensores de derechos humanos alertó sobre irregularidades en el proceso que adelanta la Asamblea Nacional controlada por el chavismo para designar al nuevo Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, cargos clave del Poder Ciudadano.
En un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que las designaciones se desarrollan en un contexto político “particularmente complejo”, marcado por la continuidad de los mismos actores que han controlado el Estado durante los últimos 27 años. En ese escenario, sostienen, la renovación de estas autoridades debería representar una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización democrática y fortalecer la independencia de los órganos encargados de proteger los derechos humanos.
Las ONG denunciaron que el proceso no ha cumplido con los estándares de transparencia y participación establecidos en la Constitución.
Entre las fallas señaladas destacan la conformación de un Comité de Postulaciones integrado únicamente por diputados, sin presencia de la sociedad civil; la ausencia de información clara sobre las etapas del proceso; la falta de criterios públicos para evaluar a los candidatos y limitaciones a la deliberación y al escrutinio ciudadano.
Estas deficiencias, advierten, debilitan la confianza en el proceso y alimentan la percepción de que las designaciones podrían responder a acuerdos políticos y no a criterios de mérito, independencia y probidad.
Reinstitucionalización del país
Las organizaciones recordaron que la elección del Fiscal General y del Defensor del Pueblo no es un trámite administrativo, sino una decisión fundamental para garantizar la vigencia del Estado de derecho, combatir la impunidad y asegurar la protección efectiva de los derechos humanos.
“Este proceso debe ser visto como un indicador de la real voluntad para iniciar una transición democrática”, señala el comunicado.
Asimismo, exhortaron a la Asamblea Nacional a garantizar la transparencia total del proceso, publicar los criterios de evaluación, permitir la participación ciudadana y asegurar que las designaciones respondan exclusivamente a la independencia y al compromiso con los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes insistieron en que cualquier renovación de autoridades debe formar parte de un esfuerzo más amplio para recuperar la independencia de los poderes públicos y restablecer el orden constitucional. De lo contrario, advirtieron, un simple cambio de nombres no contribuirá a la reinstitucionalización democrática del país.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Cepaz, Civilis, Laboratorio de Paz, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Voto Joven, entre otras, además de reconocidos defensores de derechos humanos como Beatriz Borges, Griselda Colina, Deborah Van Berkel y Magaly Huggins.
