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ONG registró 68 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante los dos primeros meses del 2026

Redacción MonitoreamosporRedacción Monitoreamos
5 marzo 2026
en Venezuela
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La ONG Espacio Público alertó que en los dos primeros meses de 2026 se documentaron 68 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, en un contexto marcado por excarcelaciones parciales, un proyecto de Ley de Amnistía y persistentes prácticas de censura e intimidación. Solo en febrero se registraron 23 casos, más del 80% vinculados a intimidación y censura, con 27 personas detenidas, principalmente periodistas, reporteros y trabajadores de medios.

La organización señaló que los principales responsables de estas violaciones fueron cuerpos de seguridad del Estado, instituciones públicas y funcionarios, lo que evidencia la continuidad de patrones de represión contra el ejercicio del periodismo y el derecho a la información.

El informe destaca que, pese a los anuncios oficiales sobre liberaciones de personas detenidas arbitrariamente, el proceso ha sido lento, opaco y sin listas públicas, lo que ha generado angustia entre las familias. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró el 8 de enero que se liberarían “un número importante” de detenidos, y el 6 de febrero prometió nuevas excarcelaciones “a más tardar el viernes 13”. Sin embargo, la falta de información oficial ha impedido verificar cuántas personas han sido realmente liberadas.

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El caso del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa ilustra esta dinámica. Fue excarcelado el 8 de febrero con medidas cautelares, pero esa misma noche fue interceptado por hombres armados y posteriormente detenido nuevamente por funcionarios policiales. El Ministerio Público revocó su excarcelación al día siguiente alegando un supuesto incumplimiento de condiciones. El 10 de febrero fue trasladado a Maracaibo y puesto bajo arresto domiciliario con grillete electrónico y prohibición de declarar a la prensa o publicar en redes.

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El 23 de febrero fue excarcelado el taxista José Romero, detenido desde el 8 de enero tras una revisión de su teléfono en la que funcionarios hallaron un mensaje crítico hacia el gobierno. Fue acusado de “incitación al odio” y “traición a la patria”.

Espacio Público documentó nuevos casos de censura directa. El 9 de febrero, personal del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, en Zulia, impidió que periodistas cubrieran una asamblea convocada por trabajadores del centro. Entre los afectados estuvieron reporteros de Canal 11 del Zulia, Noti Primicia, Info News y pasantes de la Universidad del Zulia.

El 20 de febrero, Conatel ordenó el cierre de la emisora Urbana La Salserísima 94.3 FM, en Miranda, alegando un “proceso sancionatorio” que incluyó la confiscación de equipos. La ONG recordó que estos cierres suelen ejecutarse sin debido proceso y que entre 2015 y 2025 se han documentado 334 emisoras cerradas en el país.

Una amnistía cuestionada

El proyecto de Ley de Amnistía, aprobado en segunda discusión el 19 de febrero, también genera preocupación. Espacio Público advierte que la iniciativa, tal como está planteada, compromete la libertad de expresión, el acceso a la información y la memoria histórica. La organización sostiene que una amnistía debe ser un acto de justicia y reparación, no un mecanismo de control político.

Entre sus observaciones destacan la necesidad de libertad plena para activistas y periodistas detenidos por motivos políticos, el cese de la censura, la reparación integral —incluyendo la devolución de equipos y reapertura de medios cerrados— y la derogación de leyes restrictivas que han criminalizado la expresión.

El 25 de febrero, la Alianza por la Libertad de Expresión presentó un “Decálogo de acción inmediata” que propone medidas para reconstruir garantías democráticas. Entre ellas se incluyen el fin de la persecución contra quienes ejercen la libre expresión, la devolución de sedes y equipos a medios, la eliminación de bloqueos informativos y la derogación de normas que permiten la criminalización del periodismo.

Espacio Público concluye que, pese a los anuncios de apertura política, la libertad de expresión sigue gravemente comprometida en Venezuela, y que la vigilancia ciudadana será clave para evitar que las violaciones continúen normalizándose.

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