En Venezuela se registraron 24 violaciones al derecho a la libertad de expresión en enero, una disminución del 29,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se computaron 34, según datos difundidos este miércoles por la ONG Espacio Público.
Señaló la organización que la mayoría de las violaciones documentadas fueron «actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil».
«El Estado se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país», indica el informe en el que señala a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios, además de simpatizantes del oficialismo, entre los responsables de estas violaciones.
Espacio Público incluyó el caso de dos periodistas a los que funcionarios de una empresa estatal «obligaron a borrar el material fotográfico y audiovisual» que habían tomado en una actividad de la compañía, y el de otro comunicador y activista social de Caracas que fue víctima de «intimidación y acoso» a través de redes sociales por parte de «simpatizantes del oficialismo».
Medios vulnerados
La emisora Anaru 99.5 FM, que operaba en la ciudad de Guasdualito en el estado Apure fue cerrada el 5 de enero por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes además se llevaron su transmisor y su consola.
En el estado Portuguesa la Conatel ordenó el 10 de enero el cierre de las emisoras Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM que operaban en las localidades de Guanare y Biscucuy.
El 27 de enero, el medio regional Palpitar Trujillano tuvo que desalojar su sede en la avenida Bolívar de Valera, estado Trujillo, debido a las amenazas que ha recibido por parte de la gobernación de la entidad desde hace tres meses.
La SIP
El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, «igual que por muchos años», se mantiene el «constante y sistemático régimen de censura» que «genera autocensura entre los medios» independientes.
Según dijo entonces la SIP «al menos dos emisoras salen del aire cada mes» por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo «criterio discrecional» están sujetos medios televisivos y radiales.
De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público suministrados en enero, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4% respecto a 2022, cuando se computaron 464.
Con información de EFE
