Diez organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron una «respuesta urgente» a los gobiernos de Colombia y Venezuela ante los seis meses de impunidad que persisten tras el atentado contra el defensor venezolano Yendri Omar Velásquez Rodríguez y el analista político Luis Alejandro Peche Arteaga, ocurrido el 13 de octubre de 2025 en Bogotá.
Las organizaciones alertaron que el caso presenta características de represión transnacional, un patrón que pone en riesgo a activistas venezolanos en el exterior.
El ataque ocurrió cuando dos hombres no identificados dispararon contra Velásquez y Peche a la salida de un edificio residencial en la capital colombiana. A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades no han identificado ni detenido a los responsables, y no se han reportado avances significativos en la investigación penal. Las ONG firmantes expresaron su preocupación por el riesgo persistente que enfrentan los defensores venezolanos que han huido de la persecución estatal.
Velásquez, fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y miembro de Amnistía Internacional Venezuela, había sido víctima de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura en Venezuela el 3 de agosto de 2024, cuando se dirigía a Ginebra para participar en una sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Ese mismo día, las autoridades venezolanas anularon su pasaporte. Tras huir a Colombia y solicitar refugio en octubre de 2024, aún esperaba el reconocimiento de su condición de refugiado cuando fue atacado.
El 10 de diciembre de 2025, tres Procedimientos Especiales de la ONU —la Relatoría sobre personas defensoras de derechos humanos, la Relatoría sobre libertad de expresión y el Experto Independiente en orientación sexual e identidad de género— enviaron comunicaciones formales a los gobiernos de Colombia y Venezuela solicitando información y medidas urgentes de protección. Hasta la fecha, ninguno de los dos Estados ha respondido, según el comunicado.
Las organizaciones advirtieron que la impunidad en este caso genera un efecto amedrentador sobre la diáspora venezolana y sobre la sociedad civil en general. Señalaron que las circunstancias del ataque apuntan a un posible caso de represión transnacional y que se requiere una respuesta efectiva de la administración de justicia colombiana para identificar a los responsables y garantizar la rendición de cuentas.
El pronunciamiento insta al Gobierno de Colombia a avanzar de manera urgente, exhaustiva e imparcial en la investigación, incluyendo la hipótesis de participación de actores estatales venezolanos. También exige mantener y fortalecer las medidas de protección para Velásquez y Peche, cumplir la sentencia SU‑543/23 de la Corte Constitucional sobre el sistema de refugio, implementar protocolos específicos para solicitantes de asilo en riesgo y reforzar las capacidades institucionales para prevenir actos de represión transnacional.
A las autoridades venezolanas, las ONG les exigen cooperar con la justicia colombiana en la investigación del atentado y responder formalmente a las comunicaciones enviadas por los Procedimientos Especiales de la ONU.
El comunicado subraya que la represión transnacional debe ser reconocida como una amenaza real y que los Estados deben adoptar medidas efectivas para proteger a las personas defensoras en países de acogida.
Las organizaciones firmantes —entre ellas Amnistía Internacional, CIVICUS, FIDH, Freedom House, WOLA, ISHR, OMCT y el Robert F. Kennedy Human Rights Center— afirmaron que continuarán monitoreando el caso y exigiendo justicia para Velásquez y Peche. Advirtieron que la impunidad en ataques de esta naturaleza constituye una señal de tolerancia que pone en peligro la vida de todas las personas defensoras venezolanas en el exterior.
