La organización Espacio Público documentó 75 violaciones a la libre expresión, 30 casos y 27 detenciones durante el primer trimestre de 2026, en un informe que evidencia que la persecución contra periodistas y medios de comunicación continúa pese al proceso de amnistía en curso.
Solo en marzo, la ONG registró siete violaciones, siendo la censura y la muerte los principales tipos de vulneraciones documentados. Las principales víctimas fueron periodistas, reporteros, medios de comunicación y ciudadanos, mientras que entre los victimarios figuran instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios.
Dos periodistas muertos
Marzo dejó además un saldo trágico: dos periodistas fueron hallados sin vida. El 3 de marzo, el comunicador Walter Alexander Jaimes fue encontrado muerto en la carretera La Variante de Mérida, luego de salir a cubrir una pauta el 28 de febrero y no regresar.
El 10 de marzo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua informó que la periodista Yolimar Hidalgo fue hallada sin vida en su vivienda en el estado Aragua. Hidalgo era madre de tres hijos y se dedicaba a cubrir actividades políticas del gobierno regional y nacional.
Espacio Público exigió al Estado venezolano que realice las investigaciones pertinentes, identifique a los responsables y garantice un juicio conforme a la ley para evitar la impunidad.
Censura en internet y ataques a medios
Las violaciones a la libertad de expresión se extendieron a otros frentes. El 13 de marzo, organizaciones de derechos humanos, estudiantes y miembros de la sociedad civil se presentaron en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para exigir el levantamiento de bloqueos a más de 200 dominios restringidos en Venezuela, en su mayoría páginas web de noticias, redes privadas virtuales (VPN) y redes sociales, incluida X.
El documento fue recibido, pero los representantes no fueron atendidos por el director del organismo. «No habrá democracia en Venezuela sin libertad de internet porque ahí es donde la gente se comunica e informa», advirtió Andrés Azpúrua, director de VeSinFiltro.
El 1 de marzo, personas no identificadas robaron en la sede de Radio Fe y Alegría 94.3 FM en San Juan de los Morros, estado Guárico, llevándose tuberías de cobre y dejando la emisora sin aire acondicionado.
Amnistía selectiva y sin transparencia
El informe señala que la implementación de la Ley de Amnistía, vigente desde el 26 de febrero de 2026, ha presentado irregularidades graves: extorsiones a familiares y una aplicación selectiva en la que unas personas han sido beneficiadas y otras no. Según datos oficiales de la Comisión Especial de seguimiento de la ley, al 24 de marzo se habían recibido 11.432 solicitudes válidas, de las cuales 8.082 personas fueron beneficiadas con libertades plenas.
En el caso de la prensa, al menos 15 trabajadores aguardan respuesta a sus solicitudes de amnistía. Otros casos fueron declarados improcedentes, manteniendo a periodistas excarcelados bajo medidas cautelares y con procesos abiertos. El periodista Carlos Julio Rojas denunció públicamente el retraso en la tramitación de su caso: «¡Ya se cumplieron más de los 15 días que estipula la ley!», escribió el 16 de marzo.
