En el Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Observatorio de Violencia LGBTI denunció la persistente situación de desprotección que enfrentan las personas trans en Venezuela, marcada por omisiones estatales, incumplimiento de la legislación vigente y la ausencia de políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales.
La organización recordó que en 2009 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Registro Civil, cuyo artículo 146 permite realizar cambios o rectificaciones en las actas del Registro Civil cuando una persona haya cambiado su identidad de género. Esta disposición, que pudo significar un avance histórico para el reconocimiento de la identidad de género en el país, nunca fue implementada.
Sin embargo, el Estado no desarrolló el reglamento ni los protocolos administrativos necesarios, lo que ha dejado a las personas trans en un limbo jurídico que las obliga a portar documentos que no reflejan su identidad, exponiéndolas a discriminación, exclusión y violencia.
El Observatorio señaló que esta omisión no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de negligencia estatal que se ha mantenido durante más de una década. A pesar de que la Constitución establece el principio de no discriminación, Venezuela carece de una legislación específica que proteja a las personas trans frente a crímenes de odio o actos de discriminación por identidad de género. Tampoco existen protocolos de atención integral en el sistema público de salud, lo que deja a esta población sin acceso a tratamientos de afirmación de género y sin atención médica especializada en un contexto agravado por la crisis humanitaria.
La organización también denunció la ausencia total de datos oficiales sobre violencia, empleo, educación o salud de la población trans, lo que perpetúa su invisibilización en las políticas públicas. A esto se suma la impunidad que rodea los crímenes de odio: la mayoría de los asesinatos y agresiones contra personas trans no son investigados adecuadamente y el componente de odio rara vez es reconocido por las autoridades.
La ONG recordó que Venezuela ha recibido múltiples recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal, que instan al Estado a reconocer legalmente la identidad de género, adoptar medidas contra la discriminación, investigar crímenes de odio y garantizar el acceso a servicios de salud integrales. Ninguna de estas recomendaciones ha sido atendida.
La falta de reconocimiento legal de la identidad de género tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas trans. Muchas enfrentan exclusión laboral, abandono escolar, negación de servicios de salud, dificultades para abrir cuentas bancarias o alquilar una vivienda, y una exposición constante a situaciones de violencia y humillación. El Observatorio subrayó que esta fecha debe servir para visibilizar estas realidades y exigir que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
