La ONG Laboratorio de Paz publicó una evaluación del «Programa para la Convivencia Democrática y la Paz», tras cumplirse 100 días de su creación por parte de la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.
La organización concluyó que el mecanismo «no forma parte de un esfuerzo de justicia transicional basado en estándares de derechos humanos, sino que es un espacio de naturaleza política para gestionar el conflicto a través del llamado diálogo».
El programa fue anunciado apenas 20 días después de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una operación militar estadounidenses, en un contexto en el que muchos esperaban que se convirtiera en un mecanismo de justicia transicional para Venezuela. A 100 días de su creación, Laboratorio de Paz concluye que esas expectativas no se han cumplido.
Un programa sin mandato ni institucionalidad
La ONG señala que el programa opera sin haber sido publicado en la Gaceta Oficial, sin un decreto fundacional, sin sitio web y sin un directorio público de sus integrantes o información sobre sus actividades. «Hasta ahora el programa opera en el plano político y discursivo, mientras que los estándares de derechos humanos exigen resultados institucionales y jurídicos», advierte el informe.
Laboratorio de Paz contrasta el programa con los estándares internacionales de las Comisiones de la Verdad, establecidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y concluye que el mecanismo no promueve ninguno de los cuatro pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación ni garantías de no repetición.
En materia de verdad, el programa no es un órgano independiente de investigación ni produce informes públicos sobre violaciones. Al contrario, su coordinador Ernesto Villegas Poljak distribuye en eventos oficiales un informe del Ministerio de Comunicación que reafirma la versión oficial que buscó encubrir los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de las protestas antigubernamentales de 2017.
En materia de justicia, el programa no promueve la rendición de cuentas, investigaciones independientes ni el fortalecimiento de la autonomía judicial.
En cuanto a la reparación, aunque Rodríguez ha escuchado a algunas víctimas, no existe una política integral de reconocimiento del daño ni medidas sistemáticas.
Y en no repetición, el programa no alienta reformas judiciales profundas ni transformaciones de las prácticas represivas, aceptando como marco de trabajo las mismas normativas que impiden la participación libre.
Sin independencia ni transparencia
Laboratorio de Paz también cuestiona la composición del programa. Aunque cuenta con diversidad de integrantes, incluyendo la reciente incorporación del defensor de derechos humanos Feliciano Reyna, la ONG estima que al menos dos tercios de sus integrantes están alineados abierta y directamente con el oficialismo.
«Hay diversidad de integrantes, pero no existe pluralismo real ni independencia. Por ello el programa tiene legitimidad institucional pero débil legitimidad social y autónoma», señala el análisis.
Como ejemplo de la opacidad, la ONG recuerda la jornada de censo de personas privadas de libertad por razones políticas realizada en el CELARG a mediados de febrero de 2026, en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía: «Nunca hubo información oficial sobre la cantidad ni el listado de presos políticos atendidos».
Por todo lo anterior, la ONG es concluyente en su evaluación: «No es un mecanismo de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de garantías de no repetición. No tiene mandato, no es independiente, no es transparente y no está centrado en las víctimas. En estas condiciones, su capacidad para contribuir a una transición democrática es marginal». El informe advierte además que «la reconciliación, entendida desde los estándares internacionales, no se construye con diálogo únicamente, sino con verdad, justicia y reparación. Y hasta ahora esto no aparece como las áreas de trabajo de este Programa».
