La organización Acceso a la Justicia denunció una política progresiva y sostenida de centralización del ingreso a las universidades públicas venezolanas, que atenta contra la autonomía universitaria garantizada en el artículo 109 de la Constitución.
La advertencia surge tras dos hechos recientes: la sentencia n.º 0809 de la Sala Constitucional del TSJ contra la Universidad de Los Andes (ULA), emitida el 28 de mayo, y el anuncio del Ministerio de Educación Universitaria del 26 de junio, que prohíbe las pruebas internas de admisión en todas las universidades públicas.
Según Acceso a la Justicia, estas decisiones no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado instaurada desde 2008, cuando el régimen chavista impuso el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), gestionado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), como único mecanismo de asignación de cupos, desplazando progresivamente las competencias legales de los consejos universitarios.
La ONG recordó que, según la Ley de Universidades, corresponde a cada casa de estudios determinar sus propios criterios y mecanismos de admisión. También alertó que la OPSU no tiene facultades legales para asignar cupos de forma directa, y que las recomendaciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) no son vinculantes.
La sentencia del TSJ ordenó a la ULA acatar las asignaciones del SNI sin aplicar sus propias pruebas internas, a raíz de una demanda de un ciudadano que alegó la exclusión de su hija del proceso de admisión pese a haber sido asignada por el SNI. Acceso a la Justicia calificó la decisión como una violación al debido proceso y un uso político del sistema judicial, pues impone medidas de cumplimiento inmediato que serán irreversibles aun si la causa es desestimada más adelante.
“La imposición de un sistema de ingreso controlado por el Ejecutivo, respaldado por sentencias del TSJ, no solo viola la Constitución, sino que pone en riesgo la excelencia académica, el mérito y la equidad en la educación superior venezolana”, alertó la ONG.
