Este 20 de abril se cumplieron dos meses de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía en Venezuela. Pese a ello, al menos ocho comunicadores permanecen sometidos a procesos judiciales, a la espera de decisiones que pongan fin a sus expedientes.
De acuerdo con un balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), aunque se han registrado avances, la aplicación de la normativa ha sido irregular, con retrasos y resoluciones que contradicen su objetivo.
En este período, 28 trabajadores de medios han obtenido libertad plena mediante sobreseimientos o fallos absolutorios, lo que evidencia el impacto de la medida cuando se implementa correctamente.
Sin embargo, el informe señala que cuatro solicitudes para cerrar casos han sido rechazadas por tribunales, aun cuando encajan dentro de los supuestos contemplados en la ley. En todos estos expedientes se introdujeron apelaciones que todavía esperan respuesta. Además, tres peticiones siguen sin decisión, pese a haberse cumplido los lapsos establecidos.
Uno de los casos más recientes es el del periodista y activista Carlos Julio Rojas, a quien el Tribunal 1° de Juicio en Materia de Terrorismo le negó el sobreseimiento. Rojas está imputado por asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y magnicidio en grado de tentativa.
El comunicador fue detenido el 15 de abril de 2024 y permaneció privado de libertad hasta su excarcelación en enero de 2026. La decisión judicial mantiene vigente el proceso penal en su contra y refuerza los cuestionamientos sobre la aplicación uniforme de la norma.
Junto a Rojas, también continúan a la espera de una resolución Rory Daniel Branker, Ismael Gabriel González Oropeza, Jonathan Roniel Carrillo Jiménez, Luis Eduardo López Torres, Deysi Maryelin Peña Fajardo y Omario Daniel Castellanos Guerrero.
Organizaciones del sector han advertido que la implementación selectiva de la Ley de Amnistía genera incertidumbre jurídica y prolonga situaciones que afectan derechos fundamentales.
El SNTP reiteró que la normativa debe ejecutarse de forma plena y sin interpretaciones restrictivas, con el fin de garantizar el cierre definitivo de los casos y evitar la prolongación de procesos contra trabajadores de la prensa.
