El Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) exigió este lunes la renuncia inmediata de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la conformación de un nuevo cuerpo rector imparcial, consensuado y técnicamente confiable, como parte de una propuesta integral de “reingeniería electoral” para garantizar elecciones libres y legítimas en Venezuela entre 2026 y 2027.
La organización presentó su Informe MDI N.º 1, en el que sostiene que la captura de Nicolás Maduro el 3 enero abrió una “ventana histórica” para reconstruir el sistema democrático venezolano, pero advierte que la ausencia de un cronograma electoral creíble amenaza la transición.
Para ello, el MDI plantea la renovación total del CNE, con la designación de cinco rectores seleccionados por consenso y con garantías de imparcialidad, como primer paso para avanzar con la reinstitucionalización del país.
El informe señala que la actual directiva debe ser removida de inmediato y sustituida por autoridades que generen confianza en todos los sectores. El plazo máximo sugerido para esta renovación es de 60 días.
MDI afirma que “Venezuela requiere con urgencia una reingeniería electoral profunda que elimine el ventajismo histórico, restaure la confianza ciudadana y permita unas elecciones que realmente unan al país y legitimen a sus autoridades”.
La propuesta incluye una auditoría integral del sistema electoral, con participación de observadores técnicos internacionales, transmisión en vivo de la totalización y software auditado con apoyo de organismos multilaterales.
También exige la prohibición absoluta del uso de recursos públicos en campañas, así como una revisión consensuada de la ubicación de centros electorales para evitar manipulaciones o gerrymandering.
El MDI plantea revertir todas las inhabilitaciones políticas dictadas entre 2020 y 2026 y aprobar una amnistía electoral amplia que permita la participación de todos los actores.
Asimismo, propone observación internacional sin restricciones por parte de la OEA, Unión Europea, ONU y el Centro Carter.
El documento exige que se convoquen de inmediato elecciones presidenciales y parlamentarias para 2026, junto con las regionales o en fechas muy próximas, bajo un cronograma público e inmodificable.
