Las antiguas Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la policía nacional venezolana, acusadas de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de derechos humanos, fueron disueltas en 2022, pero parte de su estructura y acciones contra la disidencia han sido heredadas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), denunció hoy un informe de la ONU.
El informe de la Misión Internacional Independiente para Venezuela, que se presentará el próximo lunes 25 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, subraya que la DAET, también parte de la Policía Nacional Bolivariana, «es una continuación en términos de estructura, mando y modus operandi de las FAES».
«Personas clave en la FAES o en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) han logrado importantes puestos en el DAET, frente a nuestra recomendación de que fueran investigados por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales«, destacó en la rueda de prensa para presentar el informe la presidenta de la misión, Marta Valiñas.
La jurista portuguesa citó los casos de José Miguel Domínguez Ramírez (exdirector de DAET), Carlos Alberto Calderón Chirinos (DAET) y Ronny Gonzalez Montesinos (jefe de su división de investigaciones criminales), ya señalados en informes anteriores de la misión por crímenes tales como tortura o maltrato a detenidos.
El informe, cuarto de la misión desde que fuera creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019, no documenta en esta ocasión casos de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con estos cuerpos de seguridad, pero se muestra preocupado por la persistencia de éstas «en el contexto de operaciones contra el crimen organizado».
«A pesar de la disminución (de las ejecuciones extrajudiciales) reportada en los últimos años, la misión observa que el número de muertes por fuerzas de seguridad en el país sigue siendo alarmante y continúa estando entre los más altos del mundo», agrega el documento de la misión.
En su informe de 2020, la misión que junto a Valiñas forman Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina) acusó a oficiales de las FAES, el SEBIN y otros cuerpos de seguridad venezolanos de «violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad».
«La transformación de la FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad en las violaciones graves», aseguró Valiñas en este sentido.
El informe dice haber recibido información sobre la participación de la DAET en las operaciones Trueno, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2022 en cinco estados de Venezuela y en las que al menos 72 personas fallecieron, mientras que hubo 345 detenidos. EFE
