En el marco del Encuentro Internacional “Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, celebrado durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), la activista y directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, hizo un llamado urgente a profundizar la cooperación internacional para investigar y sancionar la gran corrupción transnacional vinculada al régimen chavista.
Durante su intervención, De Freitas expuso cifras alarmantes sobre el alcance de las economías ilícitas en Venezuela: solo en 2024, el narcotráfico movilizó más de 8.200 millones de dólares, el contrabando de oro alcanzó los 3.200 millones, y la trata interna de personas generó al menos 2.500 millones de dólares. Estos montos superan ampliamente el presupuesto nacional, lo que evidencia —según la experta— la simbiosis entre crimen organizado y estructuras del Estado venezolano.
“La relación entre el crimen organizado y el Estado ha llegado a tal punto que no se distingue dónde termina uno y comienza el otro”, afirmó. De Freitas denunció que en Venezuela no se investigan los casos de corrupción relevantes, y que 178 causas de gran corrupción vinculadas al chavismo están siendo procesadas en sistemas judiciales de 30 países, ante la inacción del Ministerio Público venezolano.
Falta de justicia
Al referirse a la respuesta institucional del régimen, De Freitas fue categórica: “¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar estas economías ilícitas? Mucha propaganda”. Ironizó sobre los operativos mediáticos donde “salen algunos militares por la playa corriendo en cámara lenta y descubren un bulto”, que luego aparece mágicamente organizado como paquetes de droga sobre la arena.
Denunció que el régimen ha desmantelado la capacidad de investigación criminal y destacó que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, está sancionado por Estados Unidos y Europa. «Le quitaron la capacidad de investigación al CICPC y se la entregaron a la Guardia Nacional, que es la responsable de perseguir a los narcotraficantes. Se rompe así la posibilidad de que haya independencia en las investigaciones”, lamentó.
De Freitas alertó sobre la asimetría de recursos entre las redes criminales y las instituciones judiciales de varios países. “Un fiscal español me dijo: un solo caso de PDVSA implica 4.200 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto de la justicia española”, relató. “Las cantidades de Venezuela son obscenas”.
Advirtió que los criminales son innovadores, flexibles y rápidos, y que los sistemas de justicia deben fortalecerse con más recursos, tecnología y formación, especialmente ante nuevas modalidades como el lavado con criptomonedas.
