Más de 8,2 millardos de dólares. Este es el monto que habrían obtenido las organizaciones y grupos criminales que utilizan a Venezuela como puente para el tráfico de drogas el año pasado, según se revela en el informe “Narcotráfico en Venezuela 2024: Un negocio que lucra al poder y se expande”, que acaba de publicar la organización Transparencia Venezuela, ahora desde el exilio.
La cifra reflejada en el informe fue obtenida por un grupo de economistas que utilizaron dos datos: las estimaciones de las autoridades estadounidenses, que calculan que de Venezuela salieron 639 toneladas de cocaína en 2024, una cifra que representa más del 24% de la producción mundial; y un precio promedio de esa sustancia que se obtuvo de la información pública disponible referida a los precios al mayor que el narcótico tiene en países de Centroamérica, Caribe, Europa y Norteamérica, a los que van dirigidos la mayoría de los cargamentos que transitan por el territorio nacional.
“Tomando en cuenta que Colombia produjo en 2023 al menos 2.664 toneladas de cocaína, se estima que en 2023 circularon por Venezuela aproximadamente 639 toneladas de esta droga. Al multiplicar ese monto por el precio promedio al que se le vende la droga a los mayoristas en los principales mercados a donde llega la mercancía desde Venezuela, se puede asumir que por narcotráfico hubo un ingreso bruto en Venezuela de US$ 8.236 millones durante 2024”, se lee en el informe.
Un dato que permite ilustrar el peso que esta actividad ilícita tiene actualmente en la economía venezolana es el siguiente: La estimación contenida en el informe de Transparencia Venezuela en el exilio equivale al 36% del presupuesto nacional para 2025 que la Asamblea Nacional aprobó en diciembre pasado y que asciende a 22.661 millones de dólares.
Organizaciones criminales colombianas como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como mega bandas nacionales como el Tren de Aragua participan en este lucrativo negocio, que contarían con el apoyo o la colaboración de algunos funcionarios militares que integrarían el llamado Cartel de los Soles.
Cifras contradictorias
En el informe se destaca que en febrero pasado el superintendente nacional contra las Drogas, Danny Ferrer Sandrea, informó que en 2024 los cuerpos policiales y militares venezolanos decomisaron 40 toneladas de drogas, una cifra que es 23% más baja que la reportada el año previo, cuando las autoridades informaron que incautaron 52 toneladas de estupefacientes.
La disminución ha puesto fin a dos años consecutivos de aumento en el número de alijos incautados y además ha sorprendido por el momento en el que se ha dado. En 2023, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) advirtió que “el mundo experimenta un aumento pronunciado y prolongado tanto de la oferta como de la demanda de cocaína”, cuyos efectos se están acusando a nivel internacional y que es probable que propicie la aparición de nuevos mercados más allá de los confines tradicionales.
Ese mismo año, este organismo junto al Gobierno colombiano publicó un informe en el que se alertaba que Colombia, vecino de Venezuela y el principal productor de cocaína del mundo, registró en 2022 un máximo histórico en cuanto a la superficie neta de cultivos de coca, que creció 13% al pasar de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 hectáreas en 2022. Asimismo, se registró un aumento de 24% de la cantidad de cocaína producida, que pasó de 1.738 toneladas en 2021 a 2.664 toneladas en 2023.
“La mayor parte de las drogas que transita por el territorio venezolano no es decomisada”, afirmó un experto que pidió declarar en condición de anonimato y que aseguró que el volumen de narcóticos que circula por Venezuela es cada vez mayor.
Los estados Zulia, Táchira y Apure, fronterizos con Colombia, son las principales puertas de entrada de los estupefacientes producidos en Colombia, pero también son junto a Falcón y los estados orientales Nueva Esparta, Monagas, Sucre y Delta Amacuro los principales puertos de salida hacia Centro y Norteamérica, El Caribe, así como a Europa.
Un sistema de dudosa eficacia
En su informe, Transparencia Venezuela en el exilio también fustiga la eficacia de las instituciones encargada de combatir al narcotráfico. Así, tras señalar que en Venezuela unos diez organismos tienen competencias en lucha contra las drogas (Ministerios del Interior y de Defensa, Policía Nacional, Cicpc, Superintendencia Nacional contra las Drogas, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ministerio Público, tribunales y Comité Antidrogas), recordó que las máximas autoridades de siete de ellas han sido sancionadas por gobiernos internacionales por socavar la democracia y el Estado de derecho, por corrupción o incurrir en violación a los derechos humanos.
Además, dos de las siete autoridades sancionadas, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, ministros del Interior y de la Defensa, respectivamente; han sido mencionados en investigaciones por narcotráfico o por presunta corrupción en Estados Unidos.
La ausencia de regulaciones para asegurarse que el sector inmobiliario no sea utilizado para legitimar capitales provenientes del narcotráfico y que obliguen a profesionales como los abogados o contadores públicos a seguir normas contra el lavado de activos, así como la opacidad que impide acceder a información sobre las empresas que operan en el país fomentan la actuación de grupos criminales, se advierte en el reporte.
Una hoja de ruta
Pero en el informe no solo se realizan denuncias y plantean cuestionamientos, sino que se presentan una serie de recomendaciones para revertir esta situación, que se han agrupado en seis ejes estratégicos.
Así en el primer eje, denominado reducción del mercado se proponen “iniciativas relacionadas con la disminución del tamaño y la actividad del mercado del tráfico de drogas”. El segundo, está dirigido a la desarticulación de las bandas del narcotráfico, mientras que el tercero se enfoca en reducir el impacto social de este ilícito y en la atención de personas adictas.
El cuarto eje persigue impulsar la “prevención proactiva”; es decir “un conjunto de iniciativas pensadas para evitar que ocurran actividades de narcotráfico”. Entretanto, el quinto busca reforzar la cooperación internacional y nacional. Y en el último se proponen “un conjunto de acciones para tener instituciones públicas sólidas, modernas, transparentes y responsables, para enfrentar al narcotráfico”.
