El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, regresan este jueves a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia tras su captura en enero, un proceso marcado por la denuncia de la defensa de un «bloqueo ilegal» de sus fondos para pagar abogados.
Maduro, que permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn -cárcel que ha albergado a figuras como el rapero Sean «Diddy» Combs o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández-, comparecerá ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.
Estado de salud
Todos los ojos estarán puestos este jueves es cómo se encuentra Maduro después de dos meses de detención.
El diputado del régimen chavista, Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, aseguró esta semana que su padre «está muy bien», con «mucho ánimo» y «fuerza».
«Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días», señaló Maduro Guerra en un vídeo publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.
El diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está «firme y alerta».
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra», tras haber sido capturado en Caracas a principios de año por fuerzas especiales estadounidenses.
Estrategia de la defensa y de la Fiscalía
Los abogados de la pareja, Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron recientemente un documento solicitando la desestimación de los cargos.
Alegan que el Gobierno de EE.UU., a través de la oficina de control de activos (OFAC), revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, calificándolo de «error administrativo».
La defensa sostiene que esto vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense y que la oferta de asignarles defensores de oficio no es válida, pues les priva del derecho a elegir a sus representantes.
Por su parte, esta semana, la Fiscalía ha solicitado al juez que prohíba a los acusados compartir material probatorio con coacusados prófugos, entre ellos el aún ministro del interior del régimen, Diosdado Cabello; Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; el hijo del mandatario, Maduro Guerra; y Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» y presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua.
El Gobierno estadounidense argumenta que existe un «riesgo real de violencia» y que el entorno de Maduro podría utilizar la información para identificar y tomar represalias contra testigos y sus familias en Venezuela.
Un juicio histórico
La audiencia de este jueves será clave para determinar si el juez Hellerstein acepta las peticiones de la defensa y la fiscalía o si el calendario procesal sigue su curso hacia un juicio histórico.
Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.
Según The New York Times, el magistrado fue visto quedándose dormido durante un juicio el año pasado, lo que ha despertado dudas sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica. EFE
