La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al régimen de Nicolás Maduro por la violación de los derechos políticos del excandidato opositor Henrique Capriles Radonski en el contexto de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
La jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte-IDH, leyó el fallo que concluyó que «el Estado es responsable por la violación de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho a la igualdad» y «por la violación de los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y la libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de Henrique Capriles Radonski».
En la sentencia, la Corte explicó que constató que el proceso electoral de 2013 «tuvo lugar en un contexto progresivo de deterior de la separación de poderes en Venezuela y la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia».
El Tribunal interamericano también acreditó «la existencia de un uso abusivo del aparato del Estado durante el proceso electoral que favoreció al candidato oficial Nicolás Maduro Moros y en consecuencia afectó la integridad del proceso electoral y los derechos políticos del Sr. Capriles y de sus electores».
Asimismo, la Corte-IDH estableció que «la actuación del Estado constituyó un abandono de los principiso fundamentales del Estado de Derecho, en tanto desconoció las reglas previstas por el propio derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección».
Y finalmente la Corte Interamericana concluyó que «se vulneraron los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y la libertad de expresión en el marco del recurso contencioso electoral presentado por el Sr. Capriles para solicitar la nulidad de la elección, toda vez que el TSJ incumplió con sus obligaciones» al declarar inadmisible el recurso.
Ante esto, la Corte-IDH sentenció que el Estado venezolano deberá adoptar las medidas necesarias para:
- Garantizar la integridad de los procesos electorales.
- Garantizar la posibilidad de verificación de los resultados electorales
- Facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos y candidatas a los medios de comunicación, especialmente los medios públicos.
- Garantizar que el Consejo Nacional Electoral, la Sala Constitucional y la Sala Electoral actúen con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
