El economista, profesor y exdiputado José Guerra propuso públicamente la designación del economista Leonardo Vera para dirigir el Banco Central de Venezuela (BCV), en el contexto de los rumores sobre cambios en el directorio del organismo y del proceso de apertura financiera que vive el país.
«Insistentemente se habla de cambios en el Directorio del BCV, lo cual parece inevitable. Sin haberlo hablado con Leonardo Vera, creo que es la persona indicada para dirigir el nuevo BCV», escribió Guerra en su cuenta de X.
El exdiputado fundamentó su propuesta en la trayectoria del candidato: Vera es doctor en Economía, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con amplia producción académica publicada en revistas internacionales, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y cuenta con experiencia en la banca privada. Fue además miembro de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional.
«Es un hombre de consensos y honesto a toda prueba», subrayó Guerra, que enmarcó la propuesta en el actual momento político. «Su eventual designación sería parte de un gran acuerdo político para implementar una política monetaria nacional, más allá de la confrontación política, en el contexto del llamado nuevo momento político y una transición», señaló.
La propuesta se produce un día después de que el Departamento del Tesoro emitiera dos nuevas licencias generales que permiten al régimen de Delcy Rodríguez reconectarse con el sistema financiero internacional.
La Licencia General N° 56 autorizó negociaciones comerciales con el gobierno venezolano, mientras que la Licencia General N° 57 habilitó transacciones de servicios financieros con el BCV, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, cubriendo operaciones que van desde transferencias y remesas hasta servicios de banca corresponsal en dólares.
Ambas medidas, sin embargo, excluyen expresamente transacciones con entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y la República Popular China, así como a personas incluidas en la lista de sancionados de la OFAC, lo que limita el alcance del alivio para figuras del régimen que mantienen sanciones individuales vigentes.
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