El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, pidió este miércoles aplicar la Ley de Extinción de Dominio contra Carlos Jodá, presidente ejecutivo de CITGO, nombrado en el 2020 por el entonces presidente encargado Juan Guaidó.
Esta medida surge como consecuencia de un supuesto comunicado que llegó a manos de Rodríguez por parte de empleados de CITGO en el que aseguran que «el 23 de octubre de 2023 se iniciará formalmente el proceso de venta de 270 días que la corte aprobó el año pasado, se llevará a cabo una subasta para vender CITGO aproximadamente el 10 de junio de 2024, luego del cual el tribunal considerará la aprobación de la venta.»
El dirigente chavista insistió en que la intención de Guaidó «fue nombrar a un empleado de Crystallex, supuesto procurador de su reino de Narnia, en el juicio de la República contra Crystallex. ¿Y que dijo Hernández en el tribunal? Crystallex tenía razón, entréguese a CITGO. El supuesto abogado defensor de la República era un Zamuro cuidando carne, era un delincuente muchísimo mayor que cualquier ladrón que esté en una cárcel de Venezuela, Estados Unidos o de España. Son miles de millones de dólares que es el costo de nuestra empresa CITGO.»
Rodríguez, recalcó mostrando una foto de Jordá, «tiene que pagar por el daño que está haciendo a activos y propiedades que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela. Tal cual como establece la ley de extinción de dominios, aunque nos quedaríamos cortos ejecutando los posibles bienes que podría tener este señor aquí o sus testaferros, porque difícilmente alcanzaría la cifra de más de 15 mil millones de dólares que está planeando quedarse.»
Esta Asamblea Nacional aprobó una ley de extinción de dominio y este señor (mostrando foto de Carlos Jordá) nació en Venezuela, tiene que pagar por el daño que está haciendo a activos y propiedades que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela”, recalcó Rodríguez.
Cabe recordar que a finales de mes de abril Nicolás Maduro promulgó la Ley de Extinción de Dominio, que consiste en recuperar bienes relacionados con la corrupción, los cuales serán supuestamente desinados a al sistema de protección social, a los servicios públicos, la infraestructura pública, programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas.
