El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró este miércoles que la intervención policial y militar ejecutada en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, «fue conversada» con delincuentes que hacían las veces de líderes negativos del penal y de la organización criminal transnacional «Tren de Aragua».
«Como organización estamos a favor de que se retome el control de las cárceles que están bajo el pranato, pero no creemos en tomas negociadas para que los pranes se vayan y no paguen por los crímenes cometidos», dijo la ONG en un comunicado.
El observatorio apuntó que «fuentes cercanas a la operación militar» así como vecinos de la cárcel y familiares de presos manifestaron «que muchos de los presos» lograron salir a través de túneles y se resguardaron en montañas cercanas.
La ONG pidió «mostrar» los rostros de los principales líderes del Tren de Aragua así como todas las armas incautadas, con el fin de «darle tranquilidad a la población y garantizar la transparencia».
Igualmente, pidió que se haga pública la cifra «real» de la población penitenciaria de esta cárcel, así como de los fugados y heridos durante el procedimiento.
Por su parte, el coordinador general de la ONG Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, afirmó que este operativo demuestra que el control de las cárceles no está en manos del Estado y recordó la obligación de garantizar los derechos de los detenidos.
«Con esta acción el Gobierno está reconociendo el caos penitenciario que vivimos y lo negligente que ha sido en solucionarlo, especialmente en este recinto. Estamos a la espera de más información, aunque extraoficialmente sabemos de muertos y heridos», afirmó en un mensaje enviado a la prensa.
El Gobierno aseguró que esta intervención, que contó con el despliegue de 11.000 agentes de los cuerpos de seguridad, impidió una «fuga masiva» en la cárcel de Tocorón.
En declaraciones al canal estatal VTV, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, indicó que el centro de reclusión ha sido «totalmente liberado», y que los policías y militares han «garantizado los derechos humanos de los privados de libertad», así como «la vida y tranquilidad de las personas en las poblaciones adyacentes».
EFE
