El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que cuatro militares —tres de ellos presos políticos y uno detenido por una causa común— se encuentran totalmente incomunicados desde el pasado 20 de abril.
Sus familiares viven con angustia, sin saber cuáles son sus condiciones de reclusión en las instalaciones del Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro (Fuerte Guaicaipuro), en Charallave, estado Miranda, el cual actualmente es controlado por el Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA).
Los tres presos políticos incomunicados son el Sargento Segundo Andrés Alfonso Paredes Soler, el Sargento Mayor de Tercera Giomer Martínez Natera y el Primer Teniente Jefferson García Dos Ramos, según denunciaron sus familiares ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Las familias relatan que todo comenzó en diciembre de 2024, cuando los militares denunciaron mediante un video que fueron víctimas de una requisa violenta en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, Los Teques.
Como forma de castigo, en febrero de 2025, quienes aparecían en esos videos fueron trasladados al Fuerte Guaicaipuro. En total, fueron 13 militares que mantuvieron contacto con sus familias hasta el 20 de abril, y desde esa fecha no se les han permitido visitas ni el envío de paquetería.
A finales de mayo, por orden del General de División de la FANB Luis Ojeda, director del Servicio Penitenciario Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se trasladó a nueve militares de regreso a la cárcel de Ramo Verde. Sin embargo, quedaron rezagados cuatro militares, a quienes en ese momento no pudieron trasladar por falta de transporte. Su regreso prometido a Ramo Verde no se realizó y continúan incomunicados.
“Escuchen el clamor de una madre desesperada. Ya tengo más de un mes sin saber nada de mi hijo, pónganse la mano en el corazón y ayúdenme a que lo trasladen a Ramo Verde para poder verlo”, suplica Zaira Natera de Martínez, madre del Sargento Mayor de Tercera Giomer Martínez Natera, a través de un video.
Por su parte, Ángel Soler, tío del Sargento Segundo Andrés Alfonso Paredes Soler, exige una fe de vida de su sobrino, ya que tampoco sabe nada de él. Estos familiares han acudido en reiteradas ocasiones al centro de reclusión e incluso han hablado con el General Ojeda, pero no reciben respuestas ni autorización para ver a sus seres queridos.
¿Qué es el SESMA y quién lo controla?
El Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA) opera actualmente en las instalaciones del Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, en Charallave, cuyo traspaso al Ministerio de Servicios Penitenciarios fue concretado “de palabra” el pasado 25 de abril.
Se trata de una unidad integrada por funcionarios del DGCIM, quienes trabajan encapuchados y además funcionan al margen de toda supervisión institucional clara, lo que agrava la opacidad y la indefensión de los reclusos.
Esta estructura sin reglas claras ha sido denunciada por familiares como un sistema paralelo al margen de la ley. En este punto es importante destacar que el Fuerte Guaicaipuro ha sido señalado como un centro de torturas por su régimen de aislamiento, carencia de atención médica adecuada, restricción total de visitas, incomunicación con el exterior y alimentación deficiente.
«Ante la gravedad de estas denuncias, es urgente que el Ministerio de Servicios Penitenciarios asuma el control formal del centro, desplace a los cuerpos militares e inteligencia que lo dirigen, y lo someta al marco legal penitenciario vigente. El Fuerte Guaicaipuro no puede seguir siendo un espacio sin ley, donde el castigo y la tortura sustituyen al debido proceso y la justicia», reclamó el Observatorio Venezolano de Prisiones.
OVP exigió la restitución inmediata del contacto entre los reclusos y sus familias, así como la verificación urgente del estado de salud y la integridad física de los cuatro militares que permanecen incomunicados.
«Reclamamos además la designación de autoridades civiles que respondan ante la ley y el cese del uso de traslados arbitrarios e incomunicación como forma de castigo. Por último, pedimos al Viceministro de Servicio de la Defensa del MPPD, Mayor General José Rivera Bastardo, que ordene el traslado de estos militares a su penal de origen en Ramo Verde, tal como fue prometido a sus familiares», exigió la ONG.
