La Organización No Gubernamental de derechos humanos Human Right Watch, consideró indispensable renovar la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM), designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, debido que este septiembre será su informe final, sino se extiende su mandato.
La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, explicó a Americas Quarterly, que el consejo debe de extender durante, la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 12 de septiembre, el periodo de los expertos, debido primero a que grupos internacionales y venezolanos de derechos humanos abogan por la prórroga.
En segundo lugar «las autoridades venezolanas solo cederán terreno si persiste el escrutinio internacional. La renovación del mandato de la misión permitirá a los expertos continuar con un trabajo crucial, complementando el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) y otros mecanismos internacionales.»
«La evidencia recopilada por la misión también podría ayudar a la CPI, que puede establecer la responsabilidad penal individual por delitos atroces, pero generalmente solo en una pequeña cantidad de casos debido a limitaciones de recursos. Pero el lente de la misión también es más amplio que el de la CPI, enfocándose en problemas estructurales. Y aunque la investigación de la CPI podría llevar años, la misión informa anualmente sobre violaciones de derechos,» añadió.
En este sentido precisó la misión «monitorea e informa sobre violaciones de derechos humanos y brinda asistencia técnica a las autoridades venezolanas, pero no recolecta ni preserva evidencia para los procesos de rendición de cuentas, como lo hace la misión.»
Las autoridades venezolanas han emprendido una estrategia de compromiso aparente, pero no genuino, con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos, como lo hicieron durante la renovación del mandato anterior, tratando de demostrar que la misión es innecesaria. No deberían salirse con la suya.
Grupos venezolanos e internacionales de derechos humanos abogan por la prórroga. Para su creación y primera renovación, un grupo de países latinoamericanos, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay y Perú, junto con Canadá, tomaron la iniciativa.
Por otra parte Taraciuk, destacó que las elecciones presidenciales en Venezuela pautadas para el 2024 podría ocasionar un aumento de represión a medida que avanzara la campaña, por lo que la «misión puede desempeñar un papel esencial de alerta temprana y evitar nuevas restricciones en el espacio cívico, la libertad de expresión o asociación y la represión de la disidencia.»
Finalmente pidió a los gobiernos de la región a liderar esfuerzos para renovar el mandato de la FFM y no «basarse en una premisa falsa de que hacerlo socavaría los intentos de relacionarse con las autoridades venezolanas»
