Cerca de 300 mujeres, entre ellas al menos 38 detenidas por razones políticas, permanecen recluidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda, donde enfrentan hacinamiento, deficiencias alimentarias, falta de atención médica y restricciones para las visitas, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De acuerdo con testimonios recogidos por la organización, algunas celdas diseñadas para seis personas albergan entre 16 y 18 reclusas. La falta de espacio obliga a muchas a dormir en colchonetas en el piso, mientras que los baños están dentro de las celdas y las propias internas deben improvisar cortinas para tener privacidad.
El OVP también denunció privilegios para un grupo de reclusas que ocupa celdas menos hacinadas, participa en actividades deportivas y culturales que permiten reducir sus condenas y administra una cantina que funciona desde finales de 2025.
Según la fuente consultada, estas mujeres tienen acceso a alimentos adicionales, mientras que el menú habitual del recinto consiste en granos, papas, arepas, arroz, pasta y mortadela, entre otros productos.
Las condiciones de acceso al agua también son limitadas. El suministro por tuberías llega entre tres y cuatro veces por semana, pero las internas solo pueden almacenar dos tobos. Además, sus familiares tienen permitido ingresar cinco litros de agua por visita.
Sin atención médica permanente
La organización alertó que en el penal hay adultas mayores y mujeres con enfermedades como hipertensión, diabetes y patologías cardíacas que no cuentan con un médico permanente. Las emergencias deben atenderse fuera del recinto y, según el testimonio recogido, los traslados suelen demorarse hasta que la condición de salud es crítica.
Los familiares también deben costear los tratamientos y medicamentos de las reclusas.
El OVP recordó que durante 2026 documentó la muerte de dos mujeres en esta prisión: Fabiana Desirée Páez Fernández, quien padecía insuficiencia respiratoria, y Eleiner Sánchez, cuyo traslado a un centro médico habría sido solicitado reiteradamente y denegado.
Tras este segundo fallecimiento, la dirección del centro penitenciario fue sustituida. Actualmente está a cargo de Andrea Veracierto, quien anteriormente trabajaba en el anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el estado Lara.
Restricciones a las visitas y presuntos cobros irregulares
El OVP también denunció limitaciones para las visitas familiares. El ingreso de hombres está restringido, mientras que las visitas conyugales se realizan cada 15 días y están disponibles únicamente para las presas por delitos comunes, excluyendo a las detenidas por razones políticas.
Los encuentros con hijos menores de edad son esporádicos y suelen permitirse en fechas especiales, como el Día de las Madres, el Día del Niño y Navidad.
Asimismo, la organización alertó sobre presuntos hechos de corrupción. Según la fuente consultada, algunas reclusas deben pagar a funcionarias del Ministerio de Servicio Penitenciario para acceder a mejores condiciones de alojamiento y alimentos adicionales.
Ante estas denuncias, el OVP anunció que llevará el caso ante instancias internacionales y continuará documentando las condiciones de reclusión y las presuntas violaciones de derechos humanos en La Crisálida.
🚨 #OVPDenuncia Hacinamiento, enfermedades y privilegios pagados: la realidad de las presas de La Crisálida https://t.co/iDm1Q4UXeF
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) November 3, 2026
