Noé Mujica, representante del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, aseguró que la Asamblea Nacional chavista violó la Constitución al aprobar la reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Para argumentar su denuncia, el abogado citó el artículo 270 de la Constitución, que establece que el Comité de Postulaciones Judiciales «es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia» y que «estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley».
Desde las puertas del Palacio de Justicia, en Caracas, Mujica hizo un llamado a todo el país, a los abogados, a los ciudadanos y a los gremios, a rechazar lo que calificó como «una actuación de la Asamblea Nacional que ha dado un golpe de Estado a la Constitución». Insistió en que el comité debe estar integrado por representantes de la academia y de los abogados, «jamás diputados, si se quiere realmente un máximo tribunal independiente».
El dirigente enfatizó la importancia del Comité de Postulaciones Judiciales como el ente encargado de recibir las postulaciones, aplicar un baremo, y designar como magistrados a quienes reúnan las credenciales y requisitos correspondientes. Recordó que la Constitución establece que, en caso de incompatibilidad entre la Carta Magna y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, y afirmó que la reforma aprobada por el parlamento chavista es «nula absolutamente».
Mujica anunció además que el Frente Nacional de Abogados de Venezuela iniciará una cruzada en todo el país para solicitar la renuncia de todos los jueces y fiscales del Ministerio Público que, según denunció, fueron designados «a dedo», en violación de los artículos 255, 49, 26 y 25 de la Constitución, y exigió, como consecuencia de ello, la libertad inmediata de todos los presos políticos del país.
Por su parte, la abogada Lyli López, también integrante del frente, denunció que «se pusieron de acuerdo dos factores políticos, los representantes de una mesa y la Asamblea Nacional», y aprobaron una norma de manera ilegal. El abogado Lino González Romero ratificó, por su parte, que es la sociedad civil la que debe escoger de primera mano a los jueces y magistrados del TSJ.
