El régimen de Nicolás Maduro sufrió el jueves un revés diplomático luego de que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) no lograra consensuar un comunicado de condena contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ejerce la presidencia pro tempore del organismo, difundió un texto en el que aseguraba hablar en nombre de la “inmensa mayoría” de los países miembros. Sin embargo, la declaración no fue adoptada por la CELAC porque no alcanzó el requisito del consenso total que rige para aprobar documentos oficiales.
Entre los países que, según Petro, apoyaban la declaración estaban Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Sin embargo, las cancillerías de República Dominicana y Guatemala salieron rápidamente a desmentir su supuesta adhesión.
El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, aclaró que su gobierno “nunca dio el consentimiento para la adhesión de su firma a este comunicado”.
En la misma línea, Guatemala emitió un pronunciamiento oficial en el que denunció que la presidencia pro tempore “no respetó la práctica usual para la adopción de decisiones”.
Además de República Dominicana y Guatemala, también se opusieron a la declaración Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana Jamaica, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
El borrador impulsado por Petro expresaba la “profunda preocupación” por la presencia militar extra-regional en la región y recordaba que América Latina y el Caribe fueron proclamadas como “zona de paz”. Además, destacaba el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas nucleares en el continente, y reconocía que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza significativa para la estabilidad regional.
