Familiares de 77 personas detenidas por un presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes su pedido de medidas sustitutivas que permitan a estas personas continuar su juicio en libertad, tal como ha sucedido desde inicios de este año con los presos políticos.
El caso ‘PDVSA-Obrero’ involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera, a obreros de bajo rango de la empresa y hasta a funcionarios policiales y militares.
La abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los detenidos, explicó que unas 76 personas vinculadas a este caso han sido liberadas, pero aseguró que todavía quedan detenidas «54 personas por Anzoátegui, 10 por Carabobo, 9 en Falcón, una en Distrito Capital y tres que fueron sentenciadas el 1 de octubre en La Guaira».
En una rueda de prensa, Fuentes pidió que las medidas cautelares concedidas a un primer grupo de estas personas se extiendan al resto para que «puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad».
La defensora además explicó que hay varias irregularidades alrededor de la causa que, advirtió, sigue el patrón de detenciones de presos políticos. Además, indicó que el fiscal que inició la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue acusado de corrupción y se desconoce su paradero.
De igual forma, pidió «atención médica urgente» para cuatro presos: Larry José Moya, quien tiene graves complicaciones generalizadas; Renier Macetti, quien sufrió dos infartos, así como María Alejandra Rodríguez y Lenis Cruz, quienes, sostuvo, necesitan atención inmediata.
En febrero pasado, Fuentes refirió que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en Anzoátegui, y detalló que los detenidos están involucrados en «procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países» durante el «bloqueo internacional» que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de EE.UU.
Con información de EFE
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